Fotografía cedida hoy por la Presidencia del Perú que muestra una vista aérea de los daños ambientales en la playa de Ventanilla, tras el derrame de petróleo vertido el sábado al océano Pacífico desde la refinería peruana de La Pampilla. El área afectada por el derrame de petróleo ocurrido el sábado pasado en una refinería operada por Repsol en Perú ya supera los 2,9 kilómetros cuadrados de mar y costa, informó este jueves el organismo público a cargo de la supervisión y fiscalización ambiental de este desastre ecológico. EFE/Presidencia del Perú
La agencia gubernamental peruana de defensa del consumidor demandó a la petrolera española Repsol por 4.500 millones de dólares por daños y perjuicios por el derrame de unos 12.000 barriles de crudo en enero pasado.
La demanda fue presentada ante el 27° juzgado civil de Lima contra seis empresas solidariamente: Repsol (España), Mapfre Global Risks (España), Mapfre Perú Compañías de Seguro y Reaseguros (Perú), Refinería La Pampilla (Perú), Transtotal Agencia Marítima (Perú) y Fratelli d´amico Armatori (Italia), detalló la agencia peruana.
“Estas acciones podrían generar jurisprudencia en temas de derrames de petróleo que producen perjuicios y daño moral colectivo por contaminación al medio ambiente en zonas ribereñas”, dijo Julián Palacín, director ejecutivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), en un comunicado divulgado la noche del viernes.
El derrame ocurrió el 15 de enero pasado mientras el buque tanque “Mare Doricum”, de bandera italiana, descargaba crudo en la refinería de La Pampilla en Ventanilla, 30 km al norte de Lima, propiedad de Repsol.
La petrolera atribuyó el siniestro al oleaje causado por la erupción volcánica en la isla de Tonga, al otro lado del océano Pacífico, y el gobierno peruano lo calificó como “desastre ecológico”.
El derrame de crudo de Repsol afectó a más de 700.000 pobladores, pescadores en su mayoría, y obligó al cierre de una veintena de playas y decenas de comercios de las zonas.
El Indecopi reclama 3.000 millones de dólares por daños ambientales y 1.500 millones por daño moral a los consumidores, usuarios y terceros afectados, según la demanda.
AFP
