Tegucigalpa – La libertad de expresión enfrenta un nuevo desafío en Honduras tras la denuncia presentada por la Secretaría de Finanzas (SEFIN) contra Radio Cadena Voces (RCV), según advierte el doctor en derecho y derechos humanos, Joaquín Mejía.
El caso, que ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de prensa, surge luego de que el medio difundiera denuncias sobre el presunto uso indebido de recursos estatales durante el proceso electoral primario.
En una entrevista con Proceso Digital, Mejía explicó que esta acción judicial representa una clara amenaza al ejercicio periodístico en un momento crucial para la democracia hondureña. «La libertad de expresión incluye discursos que ofenden, disgustan e incomodan», señaló el experto, quien considera que la reacción gubernamental evidencia una incomprensión de este principio fundamental.
Protección a la información de interés público
Según Mejía, la exigencia de SEFIN para que RCV demuestre la veracidad de la información difundida contradice la «doctrina de la real malicia», la cual protege a los medios cuando informan sobre asuntos de interés público. «Cuando Radio Cadena Voces difunde información sobre el supuesto uso de recursos estatales, no está obligada a demostrar que lo difundido es verdad», enfatizó el especialista.
Esta postura encuentra respaldo en los estándares establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha recomendado eliminar del derecho penal los delitos de injuria y calumnia, sugiriendo mecanismos civiles como alternativa para proteger el honor sin menoscabar la libertad de expresión.
El contexto electoral amplía los límites de la crítica
El experto destacó que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de un año electoral, la libertad de expresión constituye una herramienta esencial para la formación de la opinión pública, contribuyendo a la transparencia y al conocimiento de los perfiles de los candidatos.
Adicionalmente, Mejía citó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para subrayar que los límites de la crítica aceptable son más amplios cuando se trata de funcionarios públicos que de particulares. Esto se debe a que, en una democracia, las acciones y omisiones de quienes ejercen función pública deben estar sujetas a exámenes rigurosos por parte de autoridades, prensa y opinión pública.
Efecto intimidatorio y riesgo de autocensura
Una de las principales preocupaciones expresadas por Mejía es el efecto intimidatorio que podría generar esta denuncia. «El uso del derecho penal para reprimir la expresión de la prensa crea un efecto amedrentador y podría llevar a la autocensura», advirtió, calificando la situación como «particularmente peligrosa» en el actual contexto electoral de Honduras.
Para el especialista, este caso se inscribe en un panorama de polarización política y cuestionamientos sobre el manejo de fondos públicos, por lo que «buscar llamar a la prensa con amenazas judiciales solo socava la autoridad del Estado y erosiona el debate democrático».
La denuncia contra RCV y su director, Dagoberto Rodríguez, ha sido calificada por diversas organizaciones como un retroceso en la protección de las libertades fundamentales en el país, generando un llamado a las autoridades para que reconsidere sus acciones y respete los principios de libertad de expresión consagrados en instrumentos internacionales de derechos humanos.
