Tegucigalpa, Honduras. – Una disputa de narrativas tan profunda como el problema que la origina domina este domingo el debate sobre el sistema de salud hondureño. Por un lado, el presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, habla de una «masacre laboral» con hasta 900 médicos despedidos en lo que califica como una purga de carácter político.
Por el otro, las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) ofrecen una versión radicalmente distinta que cambia el enfoque del debate: los galenos afectados fueron contratados «de palabra» por la administración saliente del partido Libre en enero pasado, sin que mediara un contrato firmado, y lo que ocurre ahora no es un despido sino la consecuencia lógica de una irregularidad administrativa heredada.
El viceministro de Salud, Eduardo Midence, fue preciso al desmontar la narrativa del CMH: las acciones en curso constituyen una reestructuración administrativa, no una destitución de médicos. Según explicó el funcionario, la comunicación girada a través de las jefaturas y oficinas de Talento Humano en todos los hospitales del país fue clara: todo el personal asistencial —médicos, especialistas, subespecialistas, enfermeras, técnicos y demás personal de salud— que tenga contrato vigente, firmado y autorizado por la Sesal debe continuar con sus actividades con normalidad.
El problema, insistió Midence, radica en quienes no tienen ese respaldo documental. «No se puede cancelar un contrato que no existe», resumió un asesor laboral consultado sobre el caso.
El cuadro que emerge de las explicaciones gubernamentales es revelador: la administración anterior habría enviado a trabajar a un número significativo de médicos sin cumplir los concursos de ley del Colegio Médico, sin firmar contratos formales y sin seguir los procedimientos establecidos, basándose únicamente en un «visto bueno verbal» de las autoridades de turno.
Ahora, el Gobierno del presidente Nasry Asfura enfrenta la encrucijada de honrar compromisos que nunca fueron formalizados legalmente. Pese a ello, Midence reveló que el actual Gobierno pagará los tres meses de este año a esos médicos sin contrato, aunque no podrán continuar hasta que oficialicen o confirmen su estatus y especialidades mediante los procedimientos correspondientes.
Otro eje del debate es la forma en que se comunicaron las notificaciones. El diputado y médico Carlos Umaña denunció que los avisos llegaron a través de mensajes de WhatsApp, calificándolo de ilegal y violatorio de las leyes laborales. Midence respondió que no se trata de despidos por ese canal sino de una comunicación institucional interna dirigida a jefaturas, direcciones y encargados de unidades, que al ser capturada en pantalla y difundida fuera de contexto fue «interpretada de forma errónea» por quienes la hicieron pública.
«Nosotros somos responsables en el uso del dinero de sus impuestos y mis impuestos, al cual estamos dando eficiencia», subrayó el viceministro, quien también señaló que entre el personal afectado se encuentran cargos administrativos que describió como «el asistente del asistente del asistente», figuras creadas durante la gestión anterior que representan una carga sobre el erario sin justificación funcional real.
Lo que está en el fondo de esta controversia es una pregunta que ninguno de los dos bandos ha respondido con la claridad que el país merece: ¿cuántos de los 900 médicos mencionados por el CMH son personal asistencial real que atiende pacientes, y cuántos son personal administrativo sin contrato formal? La respuesta a esa distinción es la que determinará si Honduras está ante una purga política disfrazada de reestructuración o ante el inevitable costo de ordenar una planilla que la administración anterior dejó en el caos.
