Tegucigalpa, Honduras. – El analista Germán Licona cuestionó la asimetría en la actuación del Ministerio Público (MP) en el marco de las investigaciones contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), al señalar que el ente fiscal busca “mantener a la población en un guion”, donde se presenta como poseedor de la “verdad absoluta”, cuando en realidad solo existe una “verdad jurídica”, sujeta a normas y garantías.
Licona recordó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya aclaró que los tres magistrados del TJE gozan de las mismas prerrogativas que los 15 magistrados de la CSJ, lo que implica que cualquier acción en su contra debe respetar esos derechos constitucionales.
Pero su crítica fue más allá: denunció que el MP omite deliberadamente otros hechos que sí cumplen con los elementos de delito electoral. “Debieron haberle aplicado a Marlon Ochoa, como consejero del CNE, y a Mario Morazán del TJE, el reproche por sus ausencias injustificadas, que sí retrasaron el cronograma electoral”, afirmó.
Según el analista, el artículo 544 del Código Penal establece claramente que “obstaculizar el cronograma de actividades del CNE es un delito electoral”, y sin embargo, “solo hay una mirada hacia un lado, mientras el otro permanece en opacidad”.
Licona enfatizó que, conforme al artículo 234 de la Constitución, los funcionarios con prerrogativas, como los magistrados electorales, deben ser juzgados mediante juicio político en el Congreso Nacional, con el voto de dos terceras partes. “Esta decisión nos está diciendo que tenemos que suscribirnos a lo que dice la Constitución, no a lo que dicta una narrativa punitiva”, concluyó.
Para él, el verdadero riesgo no es la impunidad, sino la instrumentalización selectiva de la justicia, que socava la credibilidad del sistema en plena recta final electoral.
