Nueva “Lista Engel” señala a 15 hondureños, incluyendo funcionarios del actual gobierno Diario El Mundo

Tegucigalpa. – El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó en las últimas horas una nueva “Lista Engel”, donde figuran funcionarios corruptos e incluye a 15 hondureños, entre ellos, los actuales diputados Rasel Tomé y Edgardo Casaña, además del asesor presidencial Enrique Flores Lanza.

En la más reciente publicación de la lista, hay ocho personajes que fungieron en la administración de Juan Orlando Hernández (preso en EEUU por narcotráfico), cuatro del periodo de Manuel Zelaya, dos del actual gobierno de Xiomara Castro y uno del periodo de Porfirio Lobo Sosa.

Juan Carlos “El Tigre” Bonilla es uno de los que está en la lista, quien fue el director de la Policía Nacional de Honduras y actualmente enfrenta a la justicia estadounidense en los tribunales de Nueva York por narcotráfico.

Otro señalado es el exministro Enrique Flores Lanza, absuelto en marzo pasado de varios cargos relacionados a la corrupción, amparado en la amnistía política que aprobó el Congreso Nacional en febrero de 2022, para supuestamente limpiar de acusaciones a los perseguidos después del golpe de Estado.

Lista Engel debe ser referencia para iniciar investigaciones

Karla Romero, juez de sentencia, quien es recordada por haber tomado promesa de Ley en la toma de posesión de la presidenta Castro, se refirió que la nueva “Lista Engel” debe ser un punto de partida y referencia para iniciar una investigación.

“La lista es un documento que debe de tomarse como referencia”, explicó la profesional del derecho, quien considera que los entes de justicia deben de tomar acciones para iniciar una investigación a fondo a los antes mencionados.

En cuanto a la junta directiva del Congreso Nacional en donde figuran dos de sus miembros en dicho listado y su cuestionada legalidad, la juez hondureña mencionó que debe haber una discusión a través de la Sala de lo Constitucional.

La Lista Engel surgió de una ley aprobada por el Congreso estadounidense en diciembre de 2020 y obliga al Departamento de Estado a presentar periódicamente una serie de funcionarios del Triángulo Norte de Centroamérica que han estado involucrados en actos de corrupción o en conductas antidemocráticas. Estas personas pierden automáticamente su visa por al menos tres años.

Hondureños en la Lista Engel

David Eduardo Ortiz Handal (Hawit), Gerente de Finanzas del Banco Nacional para el Desarrollo Agrícola de 2010 a 2014, transfirió los ingresos de corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de 500,000 dólares del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.

Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, Gerente de Finanzas de Casa Presidencial de 2010 a 2014, transfirió ganancias de corrupción cuando ayudó a la malversación de más de 500.000 dólares del Bono 10 Mil, proyecto presidencial destinadas a reducir la pobreza rural.

Enrique Alberto Flores Lanza, Ministro de la Presidencia de 2006 a 2009, involucrado en una corrupción significativa al recibir dos millones de dólares en dinero público del Banco Central de Honduras y redistribuyéndolo indebidamente a los aliados políticos.

Juan Ramón Maradiaga, gerente eneral del Banco Nacional de Agricultura Desarrollo (Banadesa) de 2010 a 2014, transfirió fondos de corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de 500,000 mil del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.

Edgardo Antonio Casaña Mejía, actual congresista, se dedicó a corrupción significativa al reestructurar indebidamente el Instituto Nacional de Pensionados de los Maestros para destinar más de cinco millones de dólares en beneficios a aliados políticos y constituyentes, con el fin de asegurar los votos y mantener el poder político.

Roberto David Castillo Mejía, miembro del comité ejecutivo de la Empresa Eléctrica Hondureña (ENEE) de 2006 a 2009, involucrada en corrupción relacionados con contratos gubernamentales cuando usó su cargo de la ENEE para interferir en el proceso de contratación pública y dirigir los contratos a una empresa en la que tenía un interés económico.

Carlos Josué Romero Puerto, Coordinador de Proyectos del Bono 10 Mil, trasladó producto de la corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de 500,000 dólares del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.

Carlos Josué Montes Rodríguez, secretario del Trabajo de 2006 a 2009, comprometido en corrupción significativa al aceptar sobornos para adjudicar indebidamente contratos a aliados políticos y agilizar los pagos.

Gonzalo Molina Solórzano, Jefe de Abastecimiento del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola de 2010 a 2014, transfirió ganancias de corrupción cuando ayudó en la apropiación indebida de más de 500,000 dólares del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.

Juan Carlos “El Tigre” Bonilla Valladares, director de la Policía Nacional de 2012 a 2013, se involucró en una corrupción significativa cuando usó su posición como director de la Policía Nacional para facilitar movimiento de cocaína a través de Honduras a cambio de sobornos.

Javier Rodolfo Pastor Vásquez, ministro de Salud de 2006 a 2009, se comprometió en corrupción significativa al aceptar 235 mil dólares en sobornos para interferir en público procedimientos de contratación para adjudicar indebidamente contratos a aliados políticos y agilizar los pagos.

Harvis Edulfo Herrera Carballo, gerente general de Casa Presidencial de 2010 a 2014, transfirió ganancias de corrupción cuando ayudó a la malversación de más de 500.000 dólares del Bono 10 Mil, proyecto presidencial destinadas a reducir la pobreza rural.

Elmer Jeovanny Ordóñez Espinal, Supervisor de Controles Internos de la Nacional Banco de Desarrollo Agrícola de 2010 a 2014, transfirió fondos de corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de 500,000 dólares del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.

Rasel Antonio Tomé Flores, vicepresidente del Congreso, participó en importantes actos de corrupción cuando usó su cargo como presidente de la Nación Comisión de Telecomunicaciones para apropiarse indebidamente de aproximadamente 327,000 dólares en fondos públicos.

Claudia Yamilia Noriega González, Coordinadora de Proyectos de la “Tarjeta / Catracha / La Cachureca”, Programa de 2010 a 2014, transfirió ganancias de la corrupción cuando ayudó a la malversación de más de 500,000 dólares del Bono 10 Mil, proyecto presidencial destinadas a reducir la pobreza rural.