Tegucigalpa – La reciente decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de ordenar la excarcelación de Juan Ramón Matta Waldurraga y admitir con suspensión del acto reclamado una acción de amparo promovida por su defensa ha generado un fuerte desacuerdo por parte de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO).
El abogado Marlon Duarte confirmó que la Sala de lo Constitucional ha admitido el recurso de amparo y ha otorgado medidas sustitutivas a la prisión preventiva para Waldurraga, quien enfrenta acusaciones por lavado de activos. Esta decisión ha generado preocupación en el Ministerio Público (MP), ya que considera que la CSJ está desconociendo la naturaleza del delito de lavado de activos agravado, el cual está vinculado a la delincuencia organizada y requiere medidas efectivas para combatir a los actores involucrados en estas actividades perniciosas.
El MP cuestiona que, si bien la admisión del amparo con suspensión del acto reclamado no implica necesariamente que el recurso haya sido declarado «con lugar», esta situación crea una condición adversa en la lucha contra el crimen organizado. En este sentido, la fiscalía argumenta que no se puede sostener la misma medida restrictiva de libertad aplicada a delitos comunes cuando se trata de delincuencia organizada.
El abogado Duarte ha argumentado que el tiempo máximo de prisión preventiva contemplado por la ley ya ha sido superado, ya que Matta Waldurraga estuvo bajo arresto en Colombia antes de su extradición a Honduras el año pasado. Sin embargo, el Ministerio Público refuta este argumento, señalando que los plazos de prisión preventiva en un proceso no están relacionados con los de otro.
El juicio oral y público contra Matta Waldurraga está programado para principios de noviembre y está relacionado con la Operación Terremoto llevada a cabo por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) en 2017.
Esta controversia pone de manifiesto la tensión existente entre la protección de los derechos constitucionales y la necesidad de combatir eficazmente la delincuencia organizada en el país. El caso de Matta Waldurraga destaca la importancia de encontrar un equilibrio entre ambas prioridades, asegurando que se apliquen medidas proporcionales y efectivas para abordar este tipo de crímenes y garantizar la seguridad y el Estado de derecho en Honduras.
