Nueva York – En el quinto día del juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, se destacó la participación del cuarto testigo de la Fiscalía, Manuel Prado, quien desempeña el rol de traductor en el caso.
Prado, un experimentado traductor con 35 años de experiencia, explicó que su método de traducción es principalmente oral, conocido como «Word of mouth», donde transmite información verbalmente entre las partes involucradas.
Durante su testimonio, Prado reveló que además de traducir, también se encarga de preparar transcripciones de grabaciones de audio y video, contribuyendo así al proceso investigativo del caso.
La fiscal Elinor Tarlow presentó a Prado como perito, destacando su labor en la revisión de videos, audios y mensajes de texto relacionados con el caso, otorgándoles certificación. Prado mencionó haber trabajado unas 350 horas en este caso, a un costo de 70 dólares por hora.
Sin embargo, durante el interrogatorio del abogado defensor Raymond Colón, surgió un incidente relacionado con una carpeta que contenía un error en la ortografía del apellido «Hernández», apareciendo como «Hernandes». Colón cuestionó a Prado sobre este error, señalando que era su responsabilidad corregirlo, a lo que Prado respondió que dependía del contexto hacer tales correcciones.
La discusión sobre la precisión del trabajo de Prado llevó a una moción de anulación solicitada por Colón y concedida por el juez Kevin Castel. Durante este intercambio, Prado defendió su trabajo y discrepó con las críticas del abogado.
El testimonio del perito concluyó con preguntas sobre la posibilidad de que errores ortográficos en documentos fueran indicativos del nivel educativo del autor. Prado destacó que si la persona que escribió el documento no tenía un nivel educativo adecuado, es comprensible que no pudiera corregir dichos errores.
Así, el testimonio de Manuel Prado arrojó luz sobre los procesos de traducción y certificación en el caso, aunque también suscitó debates sobre la precisión y la responsabilidad en la corrección de errores ortográficos en documentos oficiales.
