Tegucigalpa, Honduras. – La designada presidencial, María Antonieta Mejía, detalló esta mañana hallazgos de lo que heredó la administración saliente, denunciando que se recetaron doble pago, aumentos de salario de 25 mil a 70 mil lempiras, e indemnizaciones pese a decir que no iban a pagarlas. «Es una grosería lo que hicieron», afirmó la funcionaria, revelando que muchos pagos de indemnizaciones cargados en Finanzas fueron detenidos antes de depositarse.
Mejía indicó que en la renta de vehículos se gastaba mensualmente mil 400 millones de lempiras, cifra que evidencia el gasto excesivo en servicios que el nuevo gobierno busca eliminar mediante austeridad. La designada reveló que en el canal del Estado aparecen contratados más de mil 600 empleados, pero «no los encontramos», aunque están contratados. «En un canal tan pequeño, solo para citarles lo abusivo que fue el gobierno anterior en algunos temas», denunció.
La funcionaria señaló que además de los salarios no pagados por la administración de Xiomara Castro, incluyendo estudiantes de medicina, médicos, enfermeras y maestros, tampoco se ha pagado a los proveedores.
«No se le ha pagado absolutamente a nadie, simplemente lo que hicieron es recetarse con la cuchara grande, aumentarse en el mes de diciembre y de enero, empezaron hacer pillerías con el dinero dejando bastante deteriorada la Caja Única del Tesoro», manifestó en entrevista a TN5 Matutino.
Mejía resumió que «hay problemas en infraestructuras, energéticos, en salud, en las transferencias de los gobiernos locales, hay problemas en todo y todo requiere del recurso económico, recurso económico que dejaron casi en las latas el gobierno anterior y eso lo vamos a demostrar conforme salgan las auditorías«, prometiendo evidencia documental de la situación heredada.
La designada presidencial afirmó que la Caja Única estaba «vacía, escurrida y exprimida», explicando el desafío fiscal que enfrenta el gobierno de Asfura para cumplir sus compromisos de emergencia sanitaria, bacheo de 2,700 kilómetros, entrega de 10 millones de textos escolares y descentralización municipal.
Mejía informó que el gobierno está realizando todas las gestiones para proceder con los códigos de acceso de todos los sistemas, algo que tampoco fue entregado por la administración Castro, obstaculizando la continuidad operativa del Estado.
La funcionaria expresó que «no es que no se le quiera pagar» a empleados públicos con pago pendiente, sino que estas fueron las condiciones en que recibieron el Estado, asegurando que hacen lo formal y legalmente establecido para proceder a estos pagos.
Las revelaciones de Mejía evidencian una estrategia de la administración saliente de comprometer recursos mediante aumentos salariales de última hora, dobles pagos e indemnizaciones que vacían la Caja Única, dificultando al gobierno entrante ejecutar su agenda sin incurrir en endeudamiento adicional o recortes drásticos.
Los 1,600 empleados fantasma en el canal estatal representan el tipo de irregularidades que el gobierno de Asfura prometió eliminar mediante reducción del Estado de 112 a 74 instituciones, aunque generan interrogantes sobre cuántas planillas infladas similares existen en otras dependencias gubernamentales.
