Tegucigalpa – En un contraste devastador entre belleza natural y criminalidad organizada, los principales destinos turísticos de Honduras se han convertido en epicentros de operaciones para redes de trata de personas.
Una investigación reciente ha destapado cómo estos grupos criminales aprovechan la afluencia turística en zonas como Islas de la Bahía y la costa norte para encubrir sus actividades ilícitas.
La organización criminal «Delta Teams», actualmente bajo investigación, ejemplifica la sofisticación de estas redes que operan no solo en territorio hondureño sino que extienden sus tentáculos hacia Belice, Gran Caimán y México.
Este grupo está siendo investigado por delitos de prostitución infantil y pornografía, además de su presunta vinculación con la desaparición de Angie Peña, un caso que ha conmocionado a la sociedad hondureña.
Un hallazgo particularmente alarmante de la Fundación Camino a Casa revela que el 60% de los casos de trata involucran a familiares directos de las víctimas, desmontando el mito de que los tratantes son siempre desconocidos.
Esta realidad añade capas de complejidad al trauma de las víctimas, quienes deben enfrentar no solo el abuso sino también la traición de sus propios familiares.
El consultor en temas de trata, Víctor Aguirre, señala que la convergencia de factores como el cambio climático, la pobreza y la escasez de oportunidades crea un caldo de cultivo perfecto para estas organizaciones criminales.
La situación se agrava con la migración, que expone especialmente a los menores a diversos tipos de explotación.
Las estadísticas indican que aproximadamente el 50% de los casos de trata ocurren dentro del propio país, aunque la dimensión transnacional del problema sigue siendo significativa.
La debilidad institucional y la corrupción han permitido que estas redes operen con un alto grado de impunidad, especialmente aquellas vinculadas al crimen organizado transnacional.
Ante esta crisis, Honduras ha anunciado la creación del Observatorio Contra la Trata de Personas, aunque expertos señalan que se necesitan medidas más contundentes y una coordinación efectiva entre instituciones para combatir este flagelo que amenaza el futuro de miles de menores en el país.
