Tegucigalpa.- El Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada y Corrupción dictó este lunes la medida de detención judicial en contra de Liana María Mayorga Castillo, una socia de la empresa Plasticards, implicada en un presunto fraude millonario en perjuicio del Estado de Honduras a través de fondos de la Tasa de Seguridad.
Tras la audiencia de declaración de imputado, el juez determinó que existen méritos suficientes para que Mayorga Castillo permanezca en prisión mientras avanza el proceso. La audiencia inicial fue programada para el próximo jueves 21 de agosto.
La imputada enfrenta graves acusaciones por los delitos de fraude y lavado de activos.
Un contrato bajo sospecha
Según el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público, la acusada, junto al excoordinador de fideicomisos de la Tasa de Seguridad, Juan Ramón Molina, defraudaron al Estado por un monto de 8,547,200 lempiras. Molina también está acusado en este caso, pero se encuentra prófugo de la justicia y pesa sobre él una alerta roja internacional.
La trama, según la fiscalía, se centra en un contrato para el suministro de tarjetas de PVC destinadas a la emisión de licencias de conducir. El 22 de enero de 2022, la Secretaría de Seguridad pagó más de 18.5 millones de lempiras a la empresa Plasticards por la compra de 480,000 tarjetas.
Sin embargo, la investigación reveló que solo ingresaron al país 258,000 unidades, dejando un faltante que corresponde al monto defraudado.
El ente acusador destacó una irregularidad clave: la empresa Plasticards apenas tenía dos meses de haber sido constituida cuando se le adjudicó el contrato en diciembre de 2021.
La investigación también trazó la ruta del dinero. Apenas tres días después de recibir el pago de la Secretaría de Seguridad, la imputada Liana Mayorga transfirió 17 millones de lempiras a la empresa «Inversiones MyM», que, según la fiscalía, era propiedad del coacusado y prófugo, Juan Ramón Molina.
