Tegucigalpa – El exalcalde de Choloma, Leopoldo Crivelli, fue arrestado la tarde de este martes por presuntos delitos relacionados con la administración pública, marcando un nuevo episodio en su historial judicial.
Este no es el primer encuentro de Crivelli con la justicia hondureña. Anteriormente, enfrentó acusaciones por la presunta sobrevaloración de un terreno destinado para un botadero municipal, lo que generó un escrutinio público de su gestión.
El anuncio de la captura fue realizado por el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, a través de sus redes sociales, resaltando la operación conjunta entre la Policía Nacional y el Ministerio Público que llevó a la detención del exalcalde.
La acusación del Ministerio Público se centra en un nuevo requerimiento fiscal relacionado con irregularidades en el proyecto de construcción del “Mercado El Ceibón” en Choloma, Cortés.
Según la investigación, este proyecto, que estaba destinado a beneficiar a más de 270 pequeños empresarios, resultó en un fraude que perjudicó a los comerciantes y los dejó en una situación precaria.
Los imputados incluyen a Leopoldo Crivelli Durant, exalcalde de Choloma, Carlos Noé Ramírez Araque, expresidente ejecutivo de BANADESA, Julio César Maldonado Hernández, representante de la empresa Grupo SURCO, José Rubén Álvarez, presidente de la junta directiva de la Cooperativa Mixta ANAVIHL, y Raúl Antonio Herrera Rodríguez, exgerente de fideicomisos de BANADESA.
Todos enfrentan cargos que van desde violación a los deberes de los funcionarios hasta fraude y lavado de activos.
La investigación revela que el proyecto del mercado, concebido en 2015 para proporcionar un espacio de trabajo digno a los vendedores ambulantes de Choloma, fue manipulado por Crivelli y otros involucrados para beneficio personal.
A través de maniobras fraudulentas, se obtuvieron préstamos millonarios que se utilizaron de manera indebida, incluyendo gastos personales y transferencias no autorizadas.
El resultado fue un edificio a medio construir, insuficiente e inadecuado para su propósito original, dejando a los pequeños empresarios endeudados y sin la posibilidad de realizar sus actividades comerciales en un entorno adecuado.
Ahora, enfrentan el desafío de pagar préstamos que nunca debieron solicitar, mientras se encuentran excluidos del acceso a créditos adicionales debido a su situación en la central de riesgos.
