Tegucigalpa – Hace 23 años la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en recuerdo del asesinato de las hermanas dominicanas: María Argentina Minerva, Aida Patria Mercedes y Antonia María Teresa Mirabal durante la dictadura sanguinaria de Rafael Leónidas de Trujillo.
No obstante, la situación de las mujeres de la región de América Latina y el Caribe continúa siendo un tema de preocupación para múltiples actores gubernamentales y no gubernamentales, además del colectivo feminista a pesar de las variadas iniciativas llevadas a cabo para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, incluyendo feminicidios y trans/travesticidios.
En ese sentido, desde la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD), en Argentina se viene trabajando con el objetivo de construir de manera participativa, transversal y federal con diversas herramientas a manera de enfrentar la problemática de las violencias por motivos de género y dotar de continuidad a una política pública de Estado, que emana de una obligación legal y un compromiso ineludible del Gobierno Nacional.
El MMGyD trabaja en dos ejes centrales: el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas en materia de prevención y erradicación de las violencias de género en todos sus tipos y modalidades, incluyendo además la asistencia y reparación a sus víctimas; y, en segundo lugar, el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales destinadas a igualdad y diversidad con el objetivo de impulsar la autonomía de las mujeres y las personas LGTBIQ+.
Cabe considerar que, la Argentina está íntimamente comprometida con la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, su empoderamiento político y su autonomía económica, combatiendo todo tipo de violencia contra ellas y promoviendo su participación en aquellos lugares significativos de toma de decisión en paridad con los varones.
En efecto, el Estado argentino es parte de los principales Tratados Internacionales de Derechos Humanos de las Mujeres, en particular de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la de Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará).
Un aspecto importante para destacar es que durante los años 2020 y 2021 la Argentina fue uno de los países que adoptó medidas con perspectiva de género en el contexto de la pandemia del Covid-19, dirigidas a mitigar los efectos sanitarios y socioeconómicos de la crisis sobre las mujeres y las niñas, y relacionadas con la protección del trabajo formal y los salarios, el reconocimiento de las tareas de cuidados no remuneradas y la erradicación de las violencias por motivos de género.
Es por ello, que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (MRECIC) de la República Argentina, reafirma su compromiso para hacer llegar a los distintos foros internacionales los adelantos en materia de igualdad, así como las políticas públicas que a nivel interno lleva adelante nuestro país, en pos de la protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en toda su diversidad.
De hecho, para la sociedad argentina, el logro de la igualdad sustantiva entre varones y mujeres sigue siendo una prioridad, que requiere de acciones concretas incluyendo el abordaje del ceju inconsciente en la construcción de los estereotipos de género. En esa línea, y con el compromiso de continuar sumando esfuerzos para hacer efectiva la defensa y la promoción de los derechos de las mujeres argentinas, la Cancillería argentina, ha implementado medidas tendientes a construir la igualdad sustantiva de género.
Cabe mencionar que, uno de los avances más destacados del Estado argentino es la implementación de la Ley Micaela (2019), para la protección integral (prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres) en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. La misma establece capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los tres poderes; Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Finalmente, la Cancillería argentina a través de todas sus representaciones en el exterior condena todas las formas e instancias de violencia de género y se une para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y el 31º aniversario de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género. Asimismo, se trabaja para fortalecer el Estado y construir más y mejores herramientas de intervención para brindar respuestas eficaces, acordes a las necesidades de las mujeres y personas LGTBIQ+ frente a desafíos que son complejos y responden a matrices culturales, estructurales y fuertemente arraigadas socialmente.
