Un informe reveló que EEUU externó su preocupación por los cárteles mexicanos que desde el 2018 mostraron un crecimiento en sus operaciones y producción de drogas.
Por infobae.com
El Congreso de los Estados Unidos mostró su preocupación por los cárteles mexicanos y el quehacer del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad nacional y corrupción a través de un informe titulado México: crimen organizado y organizaciones traficantes de drogas, elaborado por el Congressional Research Service.
En el texto se advierte que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) tiene identificadas a las organizaciones criminales trasnacionales mexicanas, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como las más influyentes en el país vecino del norte en materia de narcotráfico.
En dicho contexto, el congreso estadounidense advirtió que “en 2022, la cooperación en materia de aplicación de la ley entre Estados Unidos y México es la más débil de los últimos 15 años”.
Los factores estructurales que comprometen la seguridad y estabilidad en el país, según el congreso norteamericano, incluyen la persistente impunidad criminal, la corrupción arraigada y la constante demanda de drogas ilegales por parte de Estados Unidos y Europa.
“Algunos miembros del Congreso están preocupados por los persistentes niveles de violencia en México, así como la ineficacia de los múltiples esfuerzos por frenar esa violencia o perseguir a los delincuentes”, señaló el reporte.
En marzo de 2021, el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, el General Glen VanHerck, declaró que entre el 30% y el 35% del territorio mexicano constituye un “espacio no gobernado” donde prosperan los cárteles de la droga.
En la última década, el congreso estadounidense ha celebrado numerosas audiencias de supervisión para abordar la delincuencia y la violencia perpetradas por los cárteles mexicanos, indicó. Los temas han incluido si estos deben ser considerados como organizaciones terroristas extranjeras; así como analizar la magnitud del control que tienen sobre el suministro de drogas ilícitas hacia Estados Unidos.
“Algunos miembros del Congreso están preocupados por la corrupción y las fallas del sistema de justicia en México, que conducen a la impunidad y al fracaso de los juicios, lo que podría derivar en una dictadura criminal sin control”, advirtió el reporte.
El documento también señaló que los datos del gobierno mexicano sobre los homicidios “no han sido reportados de manera consistente o completa”. En algunos casos, explicó, los datos están incompletos debido una estrategia de seguridad inadecuada y a las escasas investigaciones por parte de las autoridades.
También comparó el caso de Colombia en los años 80 y 90, donde el desmantelamiento de los cárteles de Medellín y Cali condujo a una reducción de la violencia. En el caso de México, por el contrario, el desmantelamiento de las principales organizaciones ha conducido a una fragmentación que se ha traducido en mayor violencia.
Respecto a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el congreso señaló que a tres años de ocupar el cargo el mandatario se ha caracterizado por evitar operativos policiales a gran escala contra los cárteles y su poca disposición a fortalecer la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.
“López Obrador ha reiterado que él persigue enfoques antidrogas no convencionales, como atacar las causas, y la legalización de ciertas drogas como el cannabis. Sin embargo, varios analistas sostienen que su administración no ha emitido una política de seguridad efectiva o integral para combatir a los cárteles”, amplió el congreso.
Asimismo, a pesar de que cuando estuvo en campaña prometió que iba regresar al Ejército a los cuarteles, López Obrador continuó la estrategia de seguridad militarizada de las pasadas administraciones, extendiendo la “militarización” a las Aduanas y las obras públicas más importantes del gobierno federal.
Por último, respecto al tema de la corrupción, el congreso de EEUU señaló que en México, a pesar de que se tienen identificados a mandos policiacos y funcionarios públicos que cooperan con los cárteles mexicanos, éstos rara vez son sometidos a investigación. “La mayoría de los delitos violentos, como los homicidios, ya sean cometidos por policías corruptos o por criminales, nunca se resuelven”.
¿Y las armas?
En ninguno de los apartados del reporte de 40 páginas el Congreso de Estados Unidos menciona la problemática sobre el tráfico de armas a través de la frontera con México. Esto a pesar de que las armas, y cómo llegan estas a manos de los cárteles, constituyen un problema fundamental en el contexto de violencia que impera en el país.
Para el canciller de México y mano derecha de López Obrador, Marcelo Ebrard, es casi imposible disminuir la violencia en el país si no se atiende primero el flujo ilegal de armas que llegan a México, principalmente desde los Estados Unidos. Cifras citadas por el gobierno mexicano estiman que cada año, desde 2010 y hasta 2012, se vendieron más de 213 mil armas en EEUU para que fueran traficadas en México.
El arsenal que llega a territorio azteca, donde es ilegal poseer cualquier tipo de arma sin una licencia oficial, comprende rifles AR-15 y Barret 50; éstos últimos capaces de derribar helicópteros. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2020 el porcentaje de homicidios perpetrados con armas traficadas desde Estados Unidos representó un 70% del total.
En agosto, el gobierno de México demandó a 10 compañías productoras de armas y a una armería comercial en Estados Unidos por prácticas negligentes que facilitan el tráfico de armas a México.
Asimismo, como parte de este esfuerzo para reducir el tráfico de armas, el gobierno mexicano introdujo la resolución 2616 en las Naciones Unidas, la cual fue aprobada este mes por el Consejo de Seguridad.
Dicha resolución para combatir el tráfico de armas será vinculante para los países miembros y contiene ocho puntos entre los que destacan: asegurar el monitoreo y rastreo de armas, mayores controles fronterizos y la autorregulación de las empresas privadas.
