Tegucigalpa – En una audiencia llena de tensiones y expectativas, un juez de letras tomó una decisión trascendental: dictar auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva para Miguel Ángel Navarro, quien ostentaba el cargo de jefe del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP).
Este miércoles, en el marco de la audiencia inicial celebrada en el Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, se escucharon los argumentos que llevaron a esta decisión.
El ciudadano Navarro enfrenta una acusación grave: se le imputa el delito de asesinato en perjuicio del empleado del PNRP, Rafael Leonardo Lagos Armijo.
Este lamentable suceso ocurrió el viernes 8 de septiembre de 2023 en la colonia San José de la Vega, ubicada en el sector sur de Comayagüela, ciudad gemela de Tegucigalpa.
La audiencia preliminar, que marcará un paso crucial en este proceso judicial, ha sido programada para el jueves 4 de abril, iniciando a las 9:30 de la mañana. Mientras tanto, Navarro enfrentará la medida cautelar de prisión preventiva.
La detención del acusado se llevó a cabo el pasado viernes por agentes de la Policía Nacional, luego de que un juzgado capitalino emitiera la orden de captura correspondiente.
Desde entonces, se ha venido desarrollando un arduo proceso de investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.
De acuerdo con las indagaciones realizadas por el Ministerio Público y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), surgen detalles perturbadores. Se ha establecido que Navarro se habría reunido con David Humberto Velásquez Martínez en una gasolinera de la colonia Las Palmas de Tegucigalpa.
Durante este encuentro, Navarro habría entregado la suma de 150 mil lempiras, en concepto de pago por el asesinato de Rafael Leonardo Lagos Armijo, supuestamente motivado por problemas personales y laborales entre Navarro y la víctima.
Este caso, que ha conmocionado a la opinión pública, pone de manifiesto la importancia de una investigación rigurosa y exhaustiva, así como la necesidad de que se haga justicia en nombre de la víctima y su familia.
