Tegucigalpa – En un desarrollo notable dentro de la Policía Nacional de Honduras, diez oficiales se entregaron voluntariamente este martes tras la emisión de órdenes de captura por parte del Juzgado de Letras de lo Penal en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción.
Estos oficiales son acusados de cometer una serie de delitos graves, incluyendo allanamiento por funcionario público, robo con violencia e intimidación agravada, privación ilegal de la libertad, tortura, asociación para delinquir y falsificación de documentos públicos.
Los agentes decidieron presentarse en las jefaturas antes de ser detenidos, en un intento de enfrentar las acusaciones en un marco legal. Sin embargo, el mismo día, una operación coordinada por la Policía Nacional llevó a la detención de varios de sus compañeros, quienes también estaban implicados en casos similares de criminalidad organizada y común.
Estas detenciones se produjeron tras múltiples denuncias en contra de los oficiales, destacando una red de corrupción dentro de las fuerzas del orden.
La situación se agrava con el contexto del estado de excepción instaurado en diciembre de 2022, el cual ha sido prolongado en 14 ocasiones y ha sido críticamente observado por organismos defensores de derechos humanos debido a los excesos cometidos por los uniformados.
Este ambiente ha permitido que los abusos policiales se vuelvan más frecuentes y evidentes a través de denuncias ciudadanas.
Además, un informe de octubre de 2022 reveló una profunda desconfianza en la policía, así como abusos y una clara infiltración del crimen en el cuerpo, lo que ha minado aún más la imagen y eficacia de la institución frente a la ciudadanía.
Los oficiales ahora enfrentarán un proceso legal en los Juzgados de Letras, donde se espera que los hechos sean esclarecidos y se establezca la responsabilidad correspondiente. Esta serie de eventos subraya la urgente necesidad de reformas y medidas rigurosas para restaurar la integridad y la confianza en las fuerzas policiales de Honduras.
