Tegucigalpa.- El director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Marco Antonio Zelaya, aclaró este martes el estado de los bienes decomisados a la empresa Koriun Inversiones y explicó por qué el dinero aún no puede ser devuelto a los miles de afectados que lo reclaman.
Zelaya detalló que, como resultado de las operaciones contra la empresa, la OABI tiene bajo su custodia 14 vehículos, una sociedad mercantil y un terreno. Sin embargo, el dinero en efectivo, que es la principal preocupación de los inversionistas, todavía no ha sido ingresado a las arcas de la institución.
«No se sabe cuánta cantidad de dinero hay, ya que esa cifra no se ha ingresado a la OABI», explicó el funcionario. «Todos sabemos que cuando el dinero sirve de evidencia probatoria, se debe esperar que termine el proceso para que entre a la institución».
El director de la OABI fue enfático en que, para poder planificar una eventual devolución, es crucial que el Ministerio Público (MP) finalice su parte del proceso.
«Necesitamos que se informe a cuánto asciende el dinero que tiene el Ministerio Público y la lista de personas a quienes se les debe para determinar si ajusta o no«, remarcó Zelaya, dejando entrever la posibilidad de que los fondos incautados no sean suficientes para cubrir el total de lo invertido por los afectados.
«Pudo haber testaferros y dinero fuera de Honduras»
Zelaya insistió en la ilegalidad con la que operaba la empresa. «Esta es una empresa que no contaba con permisos, por lo que serán los tribunales quienes encuentren culpables a los responsables», manifestó.
Advirtió sobre la complejidad del caso y la posibilidad de que la red sea más grande de lo que parece. «Creo que puede haber testaferros y dineros fuera de Honduras. Son miles de personas las perjudicadas, por lo que el Ministerio Público debe probar esta causa», señaló.
Finalmente, reiteró que solo cuando la investigación concluya y el dinero sea contado y transferido oficialmente, la OABI podrá determinar el procedimiento a seguir para una posible restitución a las víctimas de la presunta estafa.
