Tegucigalpa, Honduras. – La diputada Maribel Espinoza denunció este sábado que la publicación en el diario oficial La Gaceta del decreto que ordena el escrutinio electoral constituye la evidencia fehaciente de la comisión de delito tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo.
«Es un desafío… han cometido delito en el Ejecutivo como en el Legislativo», declaró la parlamentaria, señalando que la sanción presidencial y la aprobación legislativa del decreto representan actos criminales perpetrados desde las más altas esferas del Estado hondureño.
Pese a la gravedad de los señalamientos contra ambos poderes, Espinoza destacó el posicionamiento institucional de las Fuerzas Armadas, que se han declarado garantes de la alternancia en el ejercicio de la presidencia y han ratificado su respeto a la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La diputada subrayó que la institución castrense resguardará el material electoral y ha dejado claro que no lo entregará a nadie, un compromiso que representa un freno directo a las pretensiones del oficialismo de trasladar las actas electorales al Congreso Nacional para un nuevo conteo.
Espinoza fue categórica al afirmar que las posturas asumidas por la presidenta Xiomara Castro y Luis Redondo no impedirán el cambio de administración ni la toma de posesión programada para el 27 de enero, cuando Nasry Asfura debe asumir la presidencia conforme a la declaratoria electoral oficial.
«Haga lo que haga Luis Redondo y Xiomara Castro, la toma de posesión de diputados, alcaldes y el próximo presidente está garantizada por las Fuerzas Armadas«, aseveró la legisladora, confirmando que la institución militar ha asumido un rol determinante en la protección de la transición democrática.
La diputada caracterizó las acciones del Partido Libertad y Refundación (Libre) como un intento desesperado por quedarse en el poder por cualquier forma, sin importar la legalidad de los mecanismos empleados ni el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.
Espinoza dirigió un llamado directo al Ministerio Público para que investigue inmediatamente a la mandataria y a Redondo por los delitos que presuntamente han cometido. Sin embargo, advirtió que si el Fiscal General, Johel Zelaya, no actúa ante estas denuncias, tendrá que rendir cuentas en el próximo mandato, una advertencia que sugiere que las omisiones del titular del ente investigador también podrían ser objeto de escrutinio jurídico.
La posición de Espinoza refleja la confianza de la oposición en que las Fuerzas Armadas actuarán como salvaguarda institucional ante lo que califican como un autogolpe de Estado, apostando por la capacidad de la institución militar para garantizar la continuidad constitucional frente a las maniobras del oficialismo.
La denuncia de comisión de delito por parte de ambos poderes del Estado eleva la crisis institucional hondureña a un nivel sin precedentes, donde legisladores señalan abiertamente acciones criminales desde el Ejecutivo y el Legislativo, mientras depositan en las Fuerzas Armadas la responsabilidad de proteger el orden constitucional y la alternancia democrática.
