Tegucigalpa, Honduras. – La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, expresó su profunda preocupación por lo que considera «actos concretos» del actual gobierno que van en detrimento de la lucha contra el narcotráfico. Según la congresista, estas acciones están generando desconfianza en Estados Unidos y podrían acarrear serias consecuencias para Honduras, incluyendo sanciones financieras internacionales.
Espinoza detalló una serie de decisiones que, a su juicio, envían un mensaje equivocado. «La primera acción fue denunciar el tratado de extradición, posteriormente lo reactivan hasta febrero próximo», cuestionó. «¿Cuál es el mensaje si deberíamos de tener este tratado de forma indefinida? Esa es una actitud que no abona a generar la confianza de Estados Unidos».
Agregó a su lista de preocupaciones el tema de los radares. «Luego es de público conocimiento el tema de los radares, apagaron los radares, ¿cuál es el mensaje?», señaló. La diputada recordó las acusaciones de la fiscal general de Florida, Pamela Bondi, quien indicó que Honduras no solo es un país de tránsito aéreo para la droga, sino que se cobra por permitir ese paso.
«Ahora en lugar de avanzar en la lucha contra el narcotráfico estamos retrocediendo y esa no es responsabilidad de Juan Orlando Hernández, sino de este gobierno», aseguró Espinoza, afirmando que los grupos criminales han llegado al poder.
La parlamentaria también advirtió sobre el riesgo de que Honduras sea mal evaluada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que vigila el lavado de activos y la financiación del terrorismo. «Esto es grave porque este grupo tiene como principal propósito vigilar el lavado de activos (…) El sistema financiero en relación con el internacional puede ser grave, porque lo pueden penalizar y no hacer ni transacciones internacionales», advirtió.
Denuncia de chantaje político
En otro orden de ideas, la diputada acusó al partido de gobierno, Libertad y Refundación (Libre), de ejercer un «chantaje» para la aprobación de más fondos, presuntamente para su campaña política a través de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
«Según ellos nos harán el favor de aprobar el presupuesto para la Unidad de Política Limpia y del CNE, no se puede aceptar estos chantajes», sostuvo. Espinoza concluyó sugiriendo que la negativa de Libre a fortalecer la unidad fiscalizadora podría tener un oscuro propósito: «Si Libre no quiere una unidad fiscalizadora es porque quiere que haya dinero del narcotráfico en las elecciones generales».
