Tegucigalpa – La diputada Maribel Espinoza, representante del Partido Salvador de Honduras (PSH), presentó este viernes una denuncia en el Ministerio Público, específicamente en la Fiscalía Especial de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), en contra del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. La acusación se centra en el presunto delito de administración desleal del patrimonio público.
En su denuncia, Espinoza detalló que el 5 de agosto del presente año, el Congreso Nacional derogó el decreto 116-2019, conocido como Fondo Departamental. A pesar de esta derogación, al aprobarse el Presupuesto General de 2023, se asignaron fondos para diversos programas gubernamentales, incluyendo al Poder Legislativo, que abarcaba el ya derogado Fondo Departamental.
La legisladora argumentó que, a pesar de la derogación, varios diputados continuaron recibiendo pagos de caudales públicos con la autorización de Luis Redondo, en calidad de subvenciones o ayuda económica, sin contar con una disposición habilitante para ello.
Espinoza señaló en su denuncia que, con la derogación del Fondo Departamental, Redondo quedó inhabilitado para disponer y entregar fondos a los congresistas bajo esta figura, incluso bajo la denominación de subvención.
En este contexto, la diputada argumentó que el funcionario público, al excederse en el ejercicio de sus facultades para administrar un patrimonio público, infringe la ley y causa perjuicio, lo cual, de ser comprobado, podría conllevar a una pena de cuatro a seis años de prisión, además de una multa por una cantidad igual o hasta el triple del valor de lo malversado, así como la inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la sentencia.
Además de la denuncia contra Redondo, la legisladora promovió una recusación contra Johel Antonio Zelaya y Mario Alexis Morazán, fiscales generales interinos, argumentando que ambos fueron nombrados por la Comisión Permanente presidida por Redondo, lo que generaría un conflicto de interés al manejar la denuncia.
En este sentido, la diputada expresó preocupación por la falta de garantías de imparcialidad y objetividad en el proceso.
