Tegucigalpa, Honduras. – La abogada y exdiputada Maribel Espinoza expresó su profunda preocupación porque el Congreso Nacional no haya llevado a cabo el juicio político contra la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ráquel Obando, a pesar de las graves denuncias que existían en su contra.
“El juicio político no es cualquier cosa, es una herramienta de excepcionalidad”, señaló Espinoza. Explicó que este mecanismo requiere hechos concretos que configuren una violación grave a la Constitución o una negligencia grave, y que el Congreso tiene la obligación de seguir el proceso cuando se cumplen esos supuestos.
La abogada recordó que durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, se declaró inconstitucional la Ley del Consejo de la Judicatura, pero al mismo tiempo se mantuvo un decreto transitorio que otorgó poderes plenos primero al expresidente de la CSJ, Rolando Argueta, y posteriormente a Ráquel Obando.
Espinoza reveló que, cuando fue diputada, presentó una propuesta para eliminar ese decreto transitorio, pero la iniciativa fue ignorada por la bancada que entonces controlaba el poder.
“Si la expresidenta Ráquel Obando hizo nombramientos sin concursos, lesionó el derecho de otros aspirantes. Si ella hizo nombramientos después que perdieron las elecciones para emplear personas con el ánimo de colocar militantes sin criterio de objetividad, pues definitivamente hay que revisar todo eso”, afirmó con contundencia.
La abogada criticó duramente que detrás de estas decisiones parece haber más politiquería que voluntad real de fortalecer las instituciones del Estado. “Lo que vemos son politiquerías porque no hay una seriedad ni hay intención de fortalecer las instituciones. Los entes del Estado se fortalecen cuando la ley es la norma que debe primar en todo, no por conveniencias políticas”, puntualizó.
Las declaraciones de Maribel Espinoza reabren el debate sobre la necesidad de revisar las actuaciones de la exmagistrada Obando durante su gestión al frente de la Corte Suprema de Justicia, especialmente en cuanto a nombramientos y posibles irregularidades que habrían comprometido la independencia y objetividad del Poder Judicial.
