TEGUCIGALPA, HONDURAS – La propuesta de construir una cárcel de máxima seguridad en la Isla del Cisne, ubicada a 250 km de las Islas de la Bahía, ha generado un intenso debate político en Honduras.
La diputada Suyapa Figueroa, del Partido Salvador de Honduras (PSH), ha expresado su preocupación, afirmando que la desconfianza hacia el proyecto no radica en la construcción de la instalación per se, sino en el potencial daño ecológico que podría causar a la rica biodiversidad del lugar.
“No nos oponemos a la construcción de una cárcel, nos oponemos a que se destruya todo un ecosistema que es parte de una riqueza natural», señaló Figueroa en la red social «X», destacando la importancia de preservar el patrimonio vegetal y ecológico de Honduras.
Por otro lado, el diputado Mauricio Rivera, junto con el ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Lucky Medina, sugieren que la oposición a la construcción podría estar influenciada por el crimen organizado.
“Políticos que rechacen la construcción de la cárcel en la isla del Cisne, obedecen a los intereses de las maras, pandillas y crimen organizado”, indicó Rivera en la misma plataforma.
En respuesta a estas acusaciones, el diputado Carlos Umaña argumentó: “No amigo, no estamos a favor del crimen organizado, ni en sociedad con maras, pandillas o narcos. Simplemente queremos que se respete esa área protegida patrimonio de la humanidad y aún casi virgen”.
Este cruce de declaraciones refleja la complejidad y la tensión que envuelve la decisión de dónde y cómo construir infraestructuras críticas en Honduras, especialmente cuando estas pueden tener un impacto significativo en áreas naturales protegidas.
La discusión continúa mientras los diferentes sectores de la sociedad hondureña expresan sus posturas respecto al uso y la conservación de sus recursos naturales.
