Diputada Maribel Espinoza cuestiona legalidad de decreto para pagar a afectados por Koriun

La parlamentaria liberal Maribel Espinoza cuestionó duramente la intención del gobierno de Xiomara Castro de utilizar fondos públicos para compensar a víctimas de la estafa piramidal Koriun. La legisladora señaló inconsistencias en el proceder gubernamental y planteó interrogantes sobre la legalidad de destinar recursos estatales para resolver una crisis financiera privada.

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Tegucigalpa – La diputada del Partido Liberal por el departamento de Cortés, Maribel Espinoza, lanzó una serie de cuestionamientos contundentes contra la pretensión del gobierno de aprobar un decreto que destine fondos públicos para indemnizar a los afectados por la estafa piramidal de Koriun.

En un pronunciamiento que ha generado repercusión en los círculos políticos del país, la también abogada criticó que la presidenta Xiomara Castro busque involucrar al Congreso Nacional en lo que denominó «una trama de estafa privada» que afecta a más de 35 mil hondureños.

«¿Por qué pretenden que mediante un decreto legislativo supuestamente ‘legalicen’ una actividad de lavado de activos? ¿Va a contribuir el Estado a través de sus poderes en el blanqueo?», cuestionó la parlamentaria, poniendo en duda la legalidad y legitimidad de la propuesta gubernamental.

Espinoza estableció un paralelo con otras acciones ejecutivas recientes, señalando que para programas como la asistencia de mil dólares a compatriotas deportados o el apoyo a motociclistas, el Ejecutivo actuó directamente sin necesidad de recurrir al Congreso Nacional. «No es congruente que se pretenda legalizar una ilegalidad a través del Parlamento hondureño», afirmó.

La legisladora también planteó interrogantes sobre el rol de los entes reguladores en esta crisis financiera: «¿Por qué la CNBS, desde enero, según las noticias, no cumplió con lo dispuesto en los artículos 68, 69 y 70 de la Ley del Sistema Financiero ante una captación irregular de fondos?».

De igual manera, la diputada cuestionó la factibilidad de comprobar los créditos e inversiones realizados en Koriun, considerando que aparentemente la empresa no llevaba contabilidad formal ni tributaba adecuadamente. «¿Cómo comprobarán válidamente esos ‘créditos’, ‘inversiones’ o ‘cuentas por pagar’ si no hay contabilidad en Koriun? ¿Si no declararon todos esos ingresos?», insistió.

Para Espinoza, resulta problemático que el gobierno pretenda destinar recursos públicos para resolver una situación que calificó como «una disfrazada actividad de lavado de dinero». En su argumentación, la parlamentaria liberal cuestiona el precedente que se estaría sentando: «¿Ahora el Estado asumirá la obligación civil de restituir o indemnizar a todas las víctimas derivadas de la comisión de un delito cometido por otro particular?».

Finalmente, la diputada cerró su intervención con una cita del orador romano Cicerón: «¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia?», evidenciando su frustración ante lo que considera una medida gubernamental que podría comprometer los recursos del Estado en beneficio de una actividad financiera que operaba al margen de la ley.

El caso Koriun sigue generando controversia en el panorama político hondureño, mientras el gobierno y el poder legislativo debaten sobre la respuesta institucional a una de las mayores estafas piramidales en la historia reciente del país.

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