Tegucigalpa – La presidenta del Partido Salvador de Honduras, Fátima Mena, indicó este jueves que las recientes acciones del Ministerio Público están acelerando el deterioro del proceso electoral 2025, dirigiendo críticas específicas contra el fiscal general Johel Zelaya por lo que considera una actuación parcializada a favor del oficialismo.
Al hacer un recuento de las acciones que han contribuido a la crisis electoral, Mena mencionó el rol de las Fuerzas Armadas de Honduras y del mismo Congreso Nacional, pero enfatizó que durante esta semana «ha quedado muy evidenciado el nefasto rol del Fiscal General, quien se quitó la camisa de Honduras y se puso la de un partido político».
La parlamentaria se sumó a las críticas contra el discurso que considera amenazante del fiscal Zelaya, quien procedió a iniciar un proceso de investigación contra los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral bajo cargos de «conspiración y extorsión», decisión que diversos sectores han calificado como intimidatoria.
«No podemos hablar de independencia de un fiscal general cuando ya su misma institución se ha pronunciado a favor de Marlon Ochoa y ha atacado a las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall», afirmó Mena, cuestionando la imparcialidad del titular del Ministerio Público en el manejo de la crisis del CNE.
La diputada reveló información sobre presuntas amenazas previas que habrían enfrentado los miembros del CNE durante procesos anteriores. Relató que cuando el PSH estaba en el proceso de inscripción partidaria se percibía temor por parte de miembros del organismo electoral porque «eran amenazados que el MP podría proceder en contra de ellos si ellos fallaban conforme a su conciencia y conforme lo que ellos consideraban correcto».
Esta revelación sugiere que las presiones del Ministerio Público contra las autoridades electorales no constituyen un fenómeno reciente, sino que formarían parte de un patrón de intimidación que se habría extendido durante diferentes momentos del proceso electoral, incluso desde las etapas de inscripción de partidos políticos.
Mena dirigió acusaciones directas contra el partido oficialista, alegando que cuando Libertad y Refundación no logra obtener los votos necesarios en el marco de la democracia, «instrumentaliza, a través del MP la persecución penal para obligar y forzar, tener control de un ente que no controlaba completamente como es el CNE».
Esta acusación implica que el gobierno estaría utilizando el aparato judicial como herramienta política para obtener por la fuerza lo que no puede conseguir mediante procedimientos democráticos regulares, especialmente el control total del principal organismo electoral del país.
«Hoy puedo decir que las elecciones sí están en riesgo porque tenemos un CNE acéfalo, porque no está tomando decisiones, no atienden las convocatorias y porque están intimidando a las autoridades electorales», declaró Mena, ofreciendo un diagnóstico pesimista sobre la viabilidad del proceso electoral programado para noviembre.
La caracterización del CNE como «acéfalo» refleja la percepción de que el organismo electoral ha perdido su capacidad de funcionamiento efectivo debido a la crisis generada por las ausencias de Marlon Ochoa, la renuncia condicionada de Ana Paola Hall y ahora las investigaciones judiciales que involucran a todos los consejeros.
Las declaraciones de Mena se suman a un coro creciente de voces que han expresado preocupación por la interferencia del Ministerio Público en asuntos electorales, incluyendo pronunciamientos del sector empresarial, organizaciones internacionales y otros partidos políticos que consideran que estas acciones comprometen la independencia del CNE.
La diputada del PSH también estableció una cronología de factores que han contribuido al deterioro electoral, incluyendo no solo las acciones del Ministerio Público, sino también el papel de las Fuerzas Armadas y el Congreso Nacional, sugiriendo que múltiples instituciones estarían actuando de manera coordinada para influir en el proceso electoral.
La posición del Partido Salvador de Honduras resulta particularmente relevante por tratarse de una agrupación política minoritaria que no forma parte de las principales fuerzas en confrontación, lo que podría otorgar mayor credibilidad a sus observaciones sobre la crisis institucional desde una perspectiva relativamente neutral.
Las acusaciones de Mena sobre amenazas previas durante el proceso de inscripción partidaria añaden una dimensión histórica a la crisis actual, sugiriendo que los problemas de interferencia política en el CNE no comenzaron con la controversia actual, sino que constituyen un patrón más amplio de presiones que se han intensificado conforme se acercan las elecciones generales.
El diagnóstico ofrecido por la presidenta del PSH coincide con evaluaciones similares realizadas por observadores internacionales y organizaciones de la sociedad civil que han expresado alarma por la escalada de tensiones institucionales que amenaza la credibilidad del proceso electoral hondureño.
