Tegucigalpa – La diputada Isis Cuéllar continúa percibiendo su salario completo del Congreso Nacional pese a estar con permiso desde julio para enfrentar investigaciones por su participación en el escándalo del «cheque video» que sacudió al gobierno, confirmó este jueves el vicepresidente legislativo Hugo Noé Pino, quien argumentó que la ausencia de acciones legales formales impide suspender sus beneficios económicos.
La revelación genera controversia cuando han transcurrido más de cuatro meses desde que el presidente del Congreso, Luis Redondo, anunciara el 2 de julio que Cuéllar tomaría licencia para «solventar su implicación ante los entes de investigación», tras la filtración del video que expuso conversaciones sobre presunto uso de fondos millonarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para actividades políticas del partido Libre en Copán.
«Ella sigue siendo diputada, ella solo puede dejar de serlo con un juicio político, ella sigue recibiendo su salario porque no ha sido suspendida, no hay acción legal y tampoco nadie la ha demandado», justificó Noé Pino, estableciendo un precedente que permite a funcionarios investigados mantener privilegios económicos mientras las auditorías avanzan a ritmo burocrático.
El escándalo del «cheque video» provocó la primera baja significativa en el gabinete de Xiomara Castro cuando José Carlos Cardona se vio forzado a renunciar como ministro de Sedesol tras protagonizar junto a Cuéllar la grabación donde discutían el manejo de recursos públicos con aparentes fines partidarios. Sin embargo, mientras Cardona perdió su cargo, Cuéllar mantiene su estatus y remuneración legislativa intactos.
La posición de Noé Pino revela las limitaciones del sistema de rendición de cuentas hondureño. Según su interpretación, un diputado puede estar ausente indefinidamente por investigaciones de corrupción sin consecuencias económicas, siempre que no exista una condena formal. «Se están haciendo las auditorías para probar si hubo alguna irregularidad en su caso», señaló el vicepresidente, sin ofrecer plazos concretos para concluir las pesquisas.
El funcionario intentó minimizar las irregularidades al explicar que «las subvenciones del Congreso Nacional todas se tienen que documentar y liquidar», sugiriendo que los controles internos son suficientes. Sin embargo, evadió explicar cómo estos mecanismos fallaron en prevenir el presunto desvío de fondos que el propio video evidenció.
Durante la misma intervención, Noé Pino negó categóricamente que el exdiputado Carlos Zelaya reciba sueldo del Poder Legislativo, contradiciendo informaciones periodísticas respaldadas por solicitudes de transparencia que documentan pagos continuos. Esta negativa adiciona otra capa de opacidad al manejo de recursos en el Congreso Nacional.
El caso Cuéllar-Cardona expuso las prácticas arraigadas de utilización de recursos estatales para fines partidarios. El video filtrado capturó conversaciones explícitas sobre fondos millonarios destinados aparentemente a fortalecer la estructura política de Libre en Copán, revelando un modus operandi que probablemente se extiende más allá de los funcionarios grabados.
La permanencia de Cuéllar en nómina legislativa mientras enfrenta investigaciones envía señales preocupantes sobre la tolerancia institucional a la corrupción. El argumento de Noé Pino de que solo un juicio político podría remover sus beneficios ignora que el permiso concedido fue precisamente para que enfrentara acusaciones graves que ya provocaron la caída de un ministro.
El contraste es evidente: mientras empleados públicos de menor rango enfrentan suspensiones inmediatas ante investigaciones, los diputados gozan de protección económica indefinida. Esta disparidad erosiona la credibilidad de la promesa gubernamental de combate frontal a la corrupción.
La defensa cerrada que Noé Pino hace del statu quo legislativo, negando incluso hechos documentados como los pagos a Carlos Zelaya, sugiere que el Congreso Nacional opera bajo reglas propias que priorizan la protección corporativa sobre la transparencia. Mientras las auditorías prometidas avanzan sin calendario definido, Cuéllar continúa cobrando un salario financiado por contribuyentes hondureños, muchos de los cuales subsisten con ingresos mínimos en un país donde el 73% de la población vive en pobreza.
El caso ilustra cómo las estructuras de poder se blindan mutuamente: sin presión del Ministerio Público para formalizar cargos, el Congreso mantiene a sus miembros en planilla; sin voluntad del Congreso para actuar, el sistema judicial carece de impulso para avanzar. En medio de este círculo de impunidad, los fondos públicos continúan fluyendo hacia quienes enfrentan serias acusaciones de haberlos desviado, perpetuando el ciclo de corrupción que el gobierno prometió romper.
