Tegucigalpa – El diputado Ramón Barrios, representante del partido Libertad y Refundación (Libre), ha anunciado que los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional depuestos en diciembre de 2012 recibirán una compensación de aproximadamente 200 millones de lempiras.
En este sentido, Barrios ha exigido que dicha cantidad sea sufragada por los 97 diputados que votaron a favor de la destitución desde la Cámara Legislativa.
Barrios destacó que este monto económico podría haberse utilizado para la construcción de dos hospitales, enfatizando así la magnitud de la indemnización exigida.
Lamentó además que Honduras sea el país con más sentencias condenatorias en América Latina, subrayando que el peso de esta condena recae sobre el Estado hondureño y, en última instancia, sobre todos los contribuyentes.
El 12 de diciembre de 2012, el Congreso hondureño llevó a cabo un golpe institucional al destituir a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, entre ellos José Antonio Gutiérrez Navas (Presidente), Gustavo Enrique Bustillo Palma, Rosalinda Cruz Sequeira y José Francisco Ruiz Gaekel.
La reciente determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) responsabiliza internacionalmente al Estado por la destitución arbitraria de tres de los magistrados y una magistrada de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Barrios señaló que tres de los cuatro magistrados destituidos votaron a favor de la destitución de varios jueces en 2009, lo que también resultó en una condena contra el Estado de Honduras.
Por lo tanto, sugirió que la Procuraduría General de la República (PGR) debería interponer una acción de repetición para que los funcionarios responsables del golpe institucional se hagan cargo del pago de la indemnización ordenada por la Corte IDH.
El diputado de Cortés instó a que se utilicen los bienes asegurados al expresidente Juan Orlando Hernández, quien en ese momento presidía el Congreso Nacional, para satisfacer la demanda de los cuatro exaltos jueces de la República.
En este contexto, Barrios hizo un llamado al Procurador General de la República para que ejerza la acción de repetición sobre los funcionarios que tomaron la decisión ilegal e inconstitucional de destituir a la Sala de lo Constitucional en diciembre de 2012.
