Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Enrique Barrios, marcó distancia respecto a la postura oficial de algunos sectores gubernamentales al expresar su total rechazo a las querellas presentadas contra periodistas y medios de comunicación en Honduras.
En declaraciones que contrastan con las recientes acciones legales emprendidas por funcionarios del gobierno contra comunicadores críticos, Barrios se refirió específicamente al caso de Dagoberto Rodríguez, director de Radio Cadena Voces (RCV), quien enfrenta una querella por supuestas injurias y calumnias interpuesta por altos funcionarios del Ministerio de Finanzas.
«Yo nunca me voy a meter con la prensa ni con la libertad de expresión, ni mucho menos con el hecho de que nos fiscalicen. Yo, particularmente, no estoy de acuerdo con ninguna querella a los periodistas o medios de comunicación. Me puede gustar o no, pero la prensa simplemente hace su trabajo», declaró el parlamentario oficialista.
El diputado enfatizó que, independientemente de estar a favor o en contra de lo que publica la prensa, o si el contenido resulta agradable o incómodo para los funcionarios públicos, es fundamental respetar el derecho de los medios a informar y su papel fiscalizador en una sociedad democrática.
Barrios hizo un llamado para detener las acciones legales contra comunicadores, argumentando que no se debe criminalizar a la prensa por cumplir con su labor informativa. Si bien reconoció que en ocasiones pueden producirse excesos en el ejercicio periodístico, insistió en que la vía adecuada para resolver estas situaciones debe ser siempre el diálogo y el entendimiento mutuo.
Las declaraciones del legislador adquieren particular relevancia en el actual clima de tensión entre el gobierno hondureño y algunos medios de comunicación, donde se han presentado varias querellas contra periodistas y directores de medios en las últimas semanas, generando preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de prensa tanto nacionales como internacionales.
Esta postura disidente dentro del partido oficialista podría abrir un debate interno sobre la relación del gobierno con los medios de comunicación y los límites de la crítica en una sociedad democrática.
