Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon, hizo un enérgico llamado al Poder Ejecutivo para que ejerza de manera efectiva la soberanía nacional sobre los territorios donde continúan operando las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDEs), a pesar de que el marco legal que las sustentaba fue derogado por el Congreso Nacional y posteriormente declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En declaraciones que evidencian la creciente tensión sobre este tema, Dixon cuestionó duramente la aparente autonomía con que siguen funcionando estos enclaves económicos. «¿De qué sirvió derogar la Ley Orgánica de las ZEDE y la del Comité para Mejores Prácticas, y el recurso de inconstitucionalidad, si esta gente sigue operando como si estuvieran en otro país?», expresó el legislador con visible frustración.
El parlamentario instó al gobierno de la presidenta Xiomara Castro a actuar con determinación y «asumir su soberanía sobre ese territorio», señalando que la situación actual representa un precedente peligroso que podría tener graves consecuencias para la integridad territorial del país.
«Si se permite mantener en el tiempo, es sumamente peligroso y arriesgado que en el futuro esta gente quiera independizarse totalmente del territorio nacional», advirtió Dixon, planteando un escenario que refleja las preocupaciones de diversos sectores sobre la naturaleza jurídica especial de estos territorios.
El tema de las ZEDEs ha sido objeto de intensa controversia política y jurídica desde su creación durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández. Tras asumir el poder en enero de 2022, una de las primeras medidas impulsadas por la administración de Castro fue la derogación del marco legal de las ZEDEs, cumpliendo así una promesa de campaña.
Sin embargo, pese a la derogación legislativa y el fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema, algunos proyectos continúan operando bajo el argumento de que gozan de derechos adquiridos y protección de sus inversiones mediante tratados internacionales, particularmente acuerdos bilaterales de protección de inversiones.
Esta situación ha generado un complejo debate jurídico sobre la primacía del derecho constitucional hondureño frente a los compromisos internacionales del país, así como sobre los mecanismos adecuados para resolver esta aparente contradicción normativa.
El llamado de Dixon se produce en un momento en que diversos sectores cuestionan la efectividad real de la derogación de las ZEDEs, argumentando que la transición jurídica propuesta por el gobierno no ha logrado restablecer plenamente la soberanía estatal sobre estos territorios.
Las ZEDEs fueron concebidas como zonas con regímenes especiales en materia fiscal, aduanera y administrativa para atraer inversión extranjera. Sus críticos, sin embargo, las consideraron como una cesión inaceptable de soberanía y un mecanismo que profundizaba las desigualdades socioeconómicas en el país.
Hasta el momento, el Poder Ejecutivo no ha emitido una respuesta oficial a los señalamientos del diputado Dixon, mientras continúa el debate sobre cómo conciliar los derechos adquiridos por los inversionistas con la decisión soberana del Estado hondureño de eliminar este régimen especial.
