Tegucigalpa, Honduras. – El diputado liberal Marlon Lara advirtió este sábado que la aprobación del decreto de escrutinio electoral por parte del Congreso Nacional presidido por Luis Redondo constituye un delito de traición a la patria, caracterizado jurídicamente por su imprescriptibilidad, lo que significa que puede ser perseguido penalmente sin límite temporal.
Lara fue categórico al señalar que todos los diputados que participaron en la sesión irregular incurrieron en este grave delito. «Constituye un delito de traición a la patria, y esos delitos no prescriben, si las autoridades no proceden en este momento, en el futuro cercano esos delitos van a tener que ser juzgados por las diferentes autoridades», declaró el parlamentario liberal.
La advertencia sobre la imprescriptibilidad del delito representa una amenaza jurídica directa para los legisladores oficialistas que respaldaron el decreto, pues implica que podrían enfrentar consecuencias legales años después de abandonar sus cargos, sin que el paso del tiempo les otorgue protección legal.
El diputado caracterizó la situación como producto de la desesperación de Redondo y el Partido Libertad y Refundación (Libre) por realizar una sesión que carece de legalidad, denunciando además que 74 diputados opositores fueron impedidos de ingresar al hemiciclo durante la votación del polémico decreto.
Lara alertó sobre las verdaderas intenciones detrás de estas maniobras legislativas: Libre pretende crear confusión en el pueblo hondureño y quedarse en el poder a pesar del rechazo popular, una estrategia que según el legislador liberal atenta directamente contra el principio democrático de la alternancia gubernamental.
El parlamentario subrayó que la oposición tiene la responsabilidad constitucional de velar por la democracia y garantizar la transición pacífica del poder conforme a los resultados electorales oficiales declarados por el Consejo Nacional Electoral, donde el Partido Nacional resultó victorioso.
En un llamado directo a las instituciones militares, Lara exhortó a las Fuerzas Armadas a cumplir su rol constitucional de garantizar la alternabilidad en el poder, un principio fundamental del sistema democrático hondureño que establece la sucesión gubernamental mediante elecciones libres y el respeto a la voluntad popular.
La denuncia del diputado liberal se suma a un coro creciente de voces que caracterizan las acciones del gobierno y el ala oficialista del Congreso como un autogolpe de Estado, advirtiendo que las consecuencias jurídicas para los responsables se extenderán más allá del término de sus mandatos debido a la naturaleza imprescriptible del delito de traición a la patria.
El señalamiento de Lara sobre la exclusión de 74 diputados opositores del hemiciclo durante la sesión refuerza los cuestionamientos sobre la legalidad del decreto, evidenciando que la aprobación se logró mediante la supresión deliberada de la pluralidad parlamentaria requerida para decisiones de esta trascendencia institucional.
