Tegucigalpa.- El diputado del Partido Liberal, Marlon Lara, expresó este lunes su total respaldo a la designación de la doctora Ana Paola Hall como presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), asegurando que ella posee la capacidad y el compromiso necesarios para conducir un proceso electoral transparente y confiable de cara a los comicios del 30 de noviembre.
«Tenemos plena confianza en la doctora Paola Hall, ella es una persona muy capaz, comprometida con el pueblo hondureño y con los valores democráticos», manifestó Lara. Anticipó que su gestión al frente del organismo garantizará que «se respete la voluntad» de los votantes.
El legislador se mostró convencido de que no existe ningún escenario que pueda frenar las elecciones, a pesar de las tensiones políticas de las últimas semanas. En su opinión, el oficialismo ha tenido que cambiar su postura.
«Libre había asumido una posición de boicotear el proceso electoral, hoy no le queda más que apoyar el proceso», subrayó, insistiendo en que la cita con las urnas es ineludible. «No hay manera de que el 30 de noviembre no tengamos elecciones, hay certidumbre sobre el proceso», remarcó.
Lara concluyó que la doctora Hall «va a poder ejercer el equilibrio necesario» para que el proceso electoral «fluya normalmente», como, según dijo, «lo queremos todos los hondureños».
Una renuncia forzada y un limbo institucional
El respaldo de Lara a Hall se produce en un contexto complejo y polémico para la consejera. El pasado 25 de julio, Ana Paola Hall presentó su renuncia formal ante el Congreso Nacional, después de haber sido víctima de «ataques sin precedentes» y amenazas contra ella y su familia, según denunció.
En una entrevista con el periodista Fernando del Rincón, Hall rompió el silencio y aclaró que su renuncia no fue voluntaria. «No es un cambio en mí, yo presenté la renuncia tal y como se me exigió en los términos que se me exigió», confesó, revelando que fue presionada por actores externos.
Sin embargo, el Congreso Nacional se ha negado a tramitar su dimisión, calificándola de legalmente inválida y remitiendo el caso al Ministerio Público para que investigue las posibles coacciones. Esta situación ha dejado a la consejera en un «limbo institucional», donde permanece en su cargo por disposición legal, pero bajo una enorme presión política y personal. A pesar de todo, Hall ha reafirmado su voluntad y capacidad para continuar ejerciendo sus funciones.
