Tegucigalpa, Honduras. – El proyecto de Presupuesto General de la República para 2027 deberá ser presentado por el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional a más tardar este 15 de septiembre, señaló el diputado Marco Midence.
El congresista recordó que la entrega debe efectuarse dentro del plazo establecido por el mandato constitucional y pidió que la nueva planificación financiera del Estado responda a las necesidades de los sectores más vulnerables.
A su criterio, los programas sociales deben superar el asistencialismo político y convertirse en instrumentos capaces de generar oportunidades sostenibles para las familias hondureñas.
En ese contexto, Midence propuso crear un programa social robusto, al que describió como una especie de “Vida Mejor 2.0”, orientado a elevar la calidad de vida y contribuir a reducir la pobreza extrema.
“Debemos tener capacidad de dar capital semilla, formación y apoyo a los emprendimientos para que las familias puedan generar ingresos”, manifestó.
El legislador insistió en que los recursos públicos deben concentrarse en iniciativas que produzcan resultados concretos, en lugar de limitarse a cubrir las operaciones habituales del aparato estatal.
Entre las prioridades señaladas figuran la infraestructura productiva y social, la vivienda, el sector agroalimentario y el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).
Midence destacó que las MIPYMES constituyen una fuente fundamental de empleo y, por tanto, deberían ocupar un lugar relevante dentro del presupuesto del próximo año.
También advirtió que, ante un escenario de contracción económica, el Estado tendrá dificultades para atender las necesidades de la población si no inyecta recursos mediante la inversión pública.
Por esa razón, consideró necesario dirigir la inversión estatal hacia proyectos estratégicos que impulsen el desarrollo económico, fortalezcan la producción y abran nuevas oportunidades para los hondureños.
El parlamentario concluyó que el Presupuesto 2027 debe funcionar como una herramienta para promover empleo, productividad, desarrollo social y mejores condiciones de vida, y no limitarse al financiamiento del funcionamiento estatal.
