Tegucigalpa – El diputado Ramón Barrios del partido Libertad y Refundación criticó duramente el manejo institucional del caso de estafa Koriun Inversiones, señalando fallas en los sistemas de alerta financiera y errores en la distribución de competencias entre entidades gubernamentales. El congresista advirtió sobre los riesgos de utilizar fondos públicos para resarcir a los inversionistas afectados por esta transacción privada.
En una inusual muestra de autocrítica, el diputado Ramón Barrios del partido Libertad y Refundación (Libre) reconoció públicamente que el caso de estafa Koriun Inversiones «fue muy mal manejado» por las instituciones gubernamentales responsables.
Durante su participación en el programa televisivo de debates 30/30 el domingo por la noche, Barrios no escatimó en señalar las deficiencias institucionales que permitieron que la empresa operara durante años sin la debida supervisión.
«Fue un caso muy mal manejado. Pudieron presentarle requerimiento fiscal preventivamente por lavado de activos, mínimamente por ese delito, y el lavado de activos aseguraba ese dinero, entonces un juez hubiese ordenado una intervención con cargo a caja en esa empresa», declaró el congresista.
Fallas en el sistema de alertas financieras
Una de las críticas más contundentes del diputado se dirigió al funcionamiento del sistema de alertas financieras del país. Barrios señaló que las instituciones financieras fallaron al no detectar las operaciones atípicas de Iván Velásquez, representante de Koriun, quien realizaba depósitos millonarios.
«La alerta financiera sí funciona para cualquier ciudadano, pero ahí no funcionó absolutamente nunca», enfatizó el legislador, quien representa al departamento de Cortés.
El congresista explicó que la situación presentaba características particulares, ya que el gobierno normalmente interviene antes de que se consume el delito de fraude, pero en este caso Velásquez continuaba pagando intereses a los inversionistas, aunque ya existían indicios de lavado de dinero y otros ilícitos.
Responsabilidades compartidas entre gobiernos
Barrios no limitó sus críticas al gobierno actual, sino que reconoció que ha existido «dejadez» tanto de la administración anterior como de la presente. También identificó vacíos legales que permitieron que la empresa continuara operando como comerciante individual mientras captaba grandes sumas de dinero del público.
El diputado reveló que Koriun inició operaciones en 2017 bajo la figura de comerciante individual, comenzando con préstamos en mercados locales hasta expandir significativamente sus operaciones.
Uno de los aspectos más críticos señalados por Barrios fue la confusión entre las competencias de diferentes instituciones. Explicó que cuando la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) detectó las alertas en diciembre de 2024, trasladó el caso al Ministerio Público, específicamente a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
«De verdad no era el ente apropiado para manejar este caso, por eso le regresan el dinero cuando lo tiene. Esos errores son porque no era el órgano encargado para manejar estos casos», explicó el legislador.
El congresista defendió parcialmente a la CNBS, argumentando que no podía intervenir porque se trataba de una empresa irregular que captaba dinero del público para prestarlo, lo cual no entraba en su ámbito de competencia.
Barrios reveló que hasta el momento no ha llegado al Congreso Nacional el proyecto del Ejecutivo para responder a los inversionistas estafados por Koriun. Sin embargo, lanzó una advertencia contundente sobre el manejo de esta situación.
«Hay que tener mucho cuidado en considerar el dinero público para resarcir una transacción totalmente privada», concluyó el congresista oficialista, subrayando que «no se puede pagar una estafa privada con fondos públicos».
Una empresa no regulada que operó durante años
Según las investigaciones, Koriun Inversiones operó durante siete años como una empresa no regulada por la CNBS, funcionando «ante la vista y paciencia de las autoridades», como reconoció implícitamente el mismo diputado.
La Fiscalía ha confirmado que se trata de una estafa, que la compañía operaba de forma ilegal y que no existen registros contables de sus accionistas que garanticen la devolución del dinero a todos los afectados.
Las declaraciones de Barrios representan una de las autocríticas más directas realizadas por un legislador del partido oficialista sobre el manejo de este caso, que se ha convertido en uno de los escándalos más significativos del actual período gubernamental.
El reconocimiento público de las fallas institucionales por parte de un diputado de Libre podría intensificar las presiones sobre el gobierno para implementar reformas en los sistemas de supervisión financiera y clarificar las competencias entre las diferentes instituciones del Estado.
