Tegucigalpa – El diputado Mauricio Villeda Bermúdez ofreció este martes su primera declaración pública tras la difusión de un comprometedor video que lo muestra reunido con líderes del cartel «Los Cachiros» en octubre de 2013.
En su defensa, el excandidato presidencial liberal alegó desconocimiento total sobre la verdadera identidad de sus interlocutores y calificó el encuentro como una trampa orquestada.
«Jamás pensé que era El Cachiro»
En declaraciones exclusivas al noticiero Hoy Mismo, Villeda adoptó una línea defensiva centrada en su supuesto desconocimiento. «Yo asistí donde un empresario que iba a ayudar económicamente. Jamás pensé que era El Cachiro y tampoco lo conocía», enfatizó el diputado, refiriéndose a Devis Leonel Rivera Maradiaga, líder de la organización criminal.
El parlamentario insistió en que los narcotraficantes se presentaron bajo una identidad falsa: «Él se presentó en ese momento como empresario. No recibí absolutamente nada». Sobre la autenticidad del encuentro, Villeda reconoció que «aparentemente hubo esa reunión, pero no sé con quién; no me consta que ese señor era el Cachiro».
La estrategia discursiva de Villeda se centra en presentarse como víctima de un engaño: «Lo que puedo deducir es que era una trampa. Se ve ahí, en la parte introductoria, que se había planificado todo para una visita», declaró.
Contenido del video contradice la versión oficial
El material audiovisual, grabado el 24 de octubre de 2013 —un mes antes de las elecciones generales—, muestra a un Villeda «visiblemente nervioso» sentado junto a Devis Leonel Rivera Maradiaga y Carlos Lobo, alias «El Negro». En la conversación, los narcotraficantes le solicitan apoyo político a cambio de financiamiento electoral.
Según registros de la grabación, aunque previo a la aparición de Villeda los narcotraficantes hablan de un soborno de 400,000 dólares, en la conversación el político asiente con la cabeza ante el ofrecimiento de cuatro millones de lempiras, equivalentes a unos 152,000 dólares al cambio de la época.
Este material respalda el testimonio que Devis Leonel Rivera Maradiaga ofreció bajo juramento durante el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, donde declaró haber sobornado a Villeda con entre 150,000 y 250,000 dólares.
Negación categórica de recepción de fondos
Villeda fue enfático al negar haber recibido dinero del narcotráfico: «No recibí dinero ni beneficios durante ese encuentro», aseguró. El diputado también sugirió la posibilidad de manipulación del material: «No sé si ha sido alterado, pero ya comparecí cuando me lo solicitaron», refiriéndose a su comparecencia ante el Ministerio Público hace varios meses.
Sobre el timing de la filtración, Villeda ofreció una explicación política: «Ese video fue anunciado desde hace mucho tiempo, el contenido no lo conocía. La divulgación del video es para opacar actos de corrupción de este Gobierno y la crisis política», declaró, sugiriendo motivaciones políticas detrás de la revelación.
Respaldo político condicionado
El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, ofreció un respaldo condicionado a Villeda. «No me sorprende, porque uno no se da cuenta cuando lo invitan a una reunión… a menos que uno sea parte del rollo, no sabe con quién se está sentando», expresó Nasralla en Radio Progreso.
El presidenciable enfatizó que lo relevante es que Villeda «no aceptó» los 400 mil dólares a cambio de apoyo político y que en el video «no aparece recibiendo ni hablando sobre cosas de dinero». Sin embargo, Nasralla admitió no haber visto completamente el material audiovisual.
Cuestionamientos legales sobre el proceso
La diputada liberal Maribel Espinoza planteó serias dudas sobre el manejo del caso por parte del Ministerio Público. «¿Me pregunto por qué el MP no le presentó al investigado MVB (Mauricio Villeda Bermúdez) el supuesto video sobre el cual debía declarar? ¿Me pregunto si es lícito para el MP ocultarle un video al investigado?», cuestionó.
Espinoza reveló que «desde la fecha en que declaró Villeda, sus apoderados legales solicitaron al MP que se les informara sobre la existencia y contenido del video, pero que, hasta la fecha, no recibieron respuesta», lo que plantea interrogantes sobre los procedimientos legales seguidos.
Contraste con casos similares
A diferencia de otros políticos hondureños mencionados en casos de narcotráfico, Villeda «no tiene ningún proceso penal en su contra en las cortes de Estados Unidos», según destacó la diputada Espinoza. Esto contrasta con casos como los de Juan Orlando Hernández, su hermano Juan Antonio «Tony» Hernández, y otros exdiputados que sí han enfrentado procesos judiciales.
Sin embargo, el nombre de Villeda aparece en el expediente judicial No. 15-CR-379 en una corte federal de Estados Unidos, donde se mantiene un caso abierto por presuntos delitos de soborno y lavado de activos.
Silencio partidario y crisis de credibilidad
La respuesta del Partido Liberal ha sido mayoritariamente de silencio, con múltiples integrantes del Consejo Central Ejecutivo, la candidata a designada presidencial Vera Rubí y otros diputados evitando pronunciarse públicamente sobre el caso.
El presidente del partido, Roberto Contreras, descartó que el video afecte la imagen partidaria de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre, asegurando que el material «solo busca dañar el buen nombre del abogado Mauricio Villeda» y que «no dice absolutamente nada».
Contexto de narco-política sistemática
El caso de Villeda se inscribe en un patrón más amplio de infiltración del narcotráfico en la política hondureña. En agosto del año pasado se divulgó un narcovideo similar donde Carlos Zelaya Rosales —cuñado de la presidenta Xiomara Castro— negociaba fondos con Los Cachiros para financiar la primera campaña electoral de Libre en 2013.
La revelación surge en un momento políticamente sensible, ya que Villeda había sido considerado como posible sucesor de Ana Paola Hall en el Consejo Nacional Electoral tras la renuncia de esta.
El Ministerio Público ha confirmado que equipos de fiscales investigan a las personas que aparecen en los videos grabados por el propio narcotráfico, mientras organizaciones anticorrupción demandan una investigación sin privilegios que esclarezca la verdadera naturaleza de estos encuentros que han marcado la historia política reciente de Honduras.
