Tegucigalpa, Honduras.— El debate sobre la memoria, la justicia y la reconciliación volvió a instalarse en el Congreso Nacional. Los diputados Kilvet Beltrand y Luz Ernestina Mejía presentaron este jueves una moción legislativa para otorgar una amnistía a tres generales en condición de retiro y cuatro civiles quienes, según denunciaron, fueron perseguidos durante el gobierno de Xiomara Castro.
El proyecto de amnistía tiene un alcance definido: beneficiaría a los generales Romeo Vásquez, Carlos Puerto y Venancio Cervantes, quienes enfrentan un proceso judicial por la muerte del joven Isy Obed Murillo en la crisis política del 2009, según explicó la diputada Mejía.
Además, la medida incluiría a cuatro personas de la tercera edad que guardan arresto domiciliario acusadas de terrorismo, un delito que ha generado controversia por su aplicación en contextos políticos.
«Eso no es justicia, eso era persecución», afirmó Beltrand al presentar la moción, en una declaración que resume el espíritu de la iniciativa: revisar casos que, a su juicio, responden a motivaciones políticas más que a fundamentos jurídicos sólidos.
Pero la propuesta no llegó en un ambiente de consenso. Al momento de ser presentada la moción, los diputados de Libre protestaron gritando «asesinos», mientras que los miembros de la Plataforma Defensores de la Democracia elevaron sus voces para pedir justicia.
Un episodio que refleja la polarización que aún atraviesa el debate público en Honduras cuando se tocan temas vinculados al pasado político reciente.
Para que la amnistía sea aprobada, se necesitan 65 votos favorables de parte de los diputados, una cifra que obliga a los impulsores de la iniciativa a buscar acuerdos más allá de sus bancadas.
El camino legislativo, por tanto, apenas comienza, y el destino de la moción dependerá de la capacidad de negociación y del clima político que prevalezca en las próximas sesiones.
Mientras el proyecto avanza —o se estanca— en el Congreso, los beneficiarios potenciales continúan a la espera de una definición que podría cambiar el rumbo de sus procesos judiciales.
Para los generales retirados, la amnistía representaría el cierre de un capítulo abierto desde 2009; para los cuatro adultos mayores, la posibilidad de recuperar la libertad sin la sombra de una acusación de terrorismo.
El debate de fondo, sin embargo, trasciende los nombres y los cargos: ¿debe el Estado hondureño optar por la amnistía como mecanismo de reconciliación? ¿O hay delitos que, por su gravedad, no pueden ser objeto de perdón legislativo? La respuesta, por ahora, está en manos de los 128 diputados que conforman el Legislativo, y en la sociedad que observa con atención cómo se define este capítulo de la historia reciente del país.
