Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, aseguró que diputados señalados de actos ilícitos como Rasel Tomé y Edgardo Casaña, no han sido suspendidos del cargo, ya que no se ha recibido notificación formal por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Arguyó que, en el caso de los vicepresidentes, Rasel Tomé y Edgardo Casaña, conoce que fueron incluidos en la Lista Engel, pero que no ha recibido una nota del Poder Judicial para suspenderlos de sus cargos.
Asimismo, ocurrió con la diputada suplente Nancy Santos -actualmente recluida por lavado de activos- reveló que no está suspendida de su cargo al no haber recibido una notificación de los juzgados. Sin embargo, confirmó que ella no está percibiendo salario porque no ha asistido a las sesiones ni ha brindado los datos para depositarle su sueldo.
Caso contrario con el diputado Mauricio Rivera, confirmó que recibió una nota de los juzgados para no pagarle el salario y suspenderlo de su cargo, aunque ahora la resolución judicial le quitó esa prohibición de ejercer como parlamentario.
Sobre los vicepresidentes del Legislativo, la Sala de lo Penal los encontró culpables por el delito de abuso de autoridad.
A Tomé, la Sala de lo Penal lo condenó el 25 de junio de 2019 a tres años de prisión después de que en 2008, en su condición de comisionado de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), le otorgó la frecuencia de un canal que usufructuaba el empresario Elías Asfura al Estado y que sigue funcionando bajo frecuencia de Canal 8.
La frecuencia fue entregada al Estado por Tomé a pesar de que existía un recurso de casación que no había sido resuelto por esa Sala de la Corte. La acción de Tomé dio paso a la creación de la Televisión Nacional de Honduras (TNH).
El 15 de diciembre de 2021, la Sala de lo Penal encontró culpable a Casaña por el delito de abuso de autoridad. El actual congresista, según la acusación del Ministerio Público, modificó en 2010 el régimen de pensiones y jubilaciones del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) junto a otros exdirigentes magisteriales, sin el visto bueno de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). El 30 de agosto de 2018, un tribunal absolvió al imputado por falta de pruebas, pero la Fiscalía presentó un recurso de casación y el caso se reanudó.
