Tegucigalpa. – Agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), llegaron la noche de este martes hasta la residencia del director ejecutivo de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), para entregarle la cédula citatoria por parte del Ministerio Público para que rinda declaración sobre las líneas de investigación que se han abierto en su contra por posibles delitos de fraude, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
La polémica compra de siete hospitales móviles surgió en las últimas horas en el país, luego que la compañía turca SDI Global LLC denunciara un presunto fraude por parte de la empresa Elmed Medicals daba Mobiles Hospitals, a la que Honduras a través de Invest-H compró las unidades hospitalarias.
SDI Global LLC aseguró en un comunicado que tuvo contacto con Mobiles Hospitals a la cual le presentó una propuesta de venta de los hospitales, sin embargo, nunca llegaron a un acuerdo, no obstante esta plagió la propuesta.
Invest-H sostiene, por su parte, que compró los hospitales a Mobiles Hospitals y dos de estos llegarán en julio y serán instalados en Tegucigalpa y San Pedro Sula, ciudades más afectadas por el Covid-19.
Mientras, Marco Bográn fue citado para este martes por el Congreso Nacional para que brinde un informe sobre la ejecución de fondos y recursos asignados para atender la emergencia por el coronavirus.
Según la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), la inversión para la compra de hospitales es de al menos 48 millones de dólares y, de no haberse concretado el proceso, Honduras estaría a las puertas de un nuevo caso de corrupción en el sistema de salud.
Otras líneas de investigación
El portavoz de la Fiscalía del Estado, Yuri Mora, informó que además de Invest-H, se investiga a otras instituciones públicas por las compras de insumos y equipos durante la pandemia del covid-19.
Las indagaciones están dirigidas a la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Secretaría de Salud, líneas investigativas por compra de un equipo médico en el Hospital Regional Atlántida, y la adquisición de la carpa que se instaló en Villanueva, Cortés.
No obstante, el Ministerio Público no podrá actuar contra funcionarios, en caso de ser necesario, porque deberá esperar un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) o la resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre el recurso de inconstitucionalidad contra decretos aprobados por el Congreso Nacional y que limitan el ejercicio de la acción penal.
