Tegucigalpa, Honduras. – El director general de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar Godoy, denunció este jueves que la institución enfrenta «grandes retos» y reveló la «calamidad» en que se han sostenido, acusando a entidades que «aprovecharon a la Policía Nacional para obtener fondos» mediante «juego sucio», mientras el Congreso Nacional negó aprobar reformas que se «estancaron en estado de excepción» que dejó «más críticas» a institución policial sin darle herramientas legales para combatir delincuencia.
Aguilar reveló que hasta las armas que utilizan han sido enviadas a reparar porque no fueron dotados de equipo, ni uniformes, ni camas: «Esa es la verdadera historia que pasamos, porque cuando se hacía licitación nadie aplicaba a la misma porque habían intereses mezquinos«, denunciando corrupción en procesos de adquisiciones que dejó a policías sin recursos básicos.
«El policía solo tenía un uniforme, se lo quita en la noche y se lo vuelve a poner el día», reveló el director general, exponiendo precariedad de condiciones laborales de agentes que operan en todo el país sin equipamiento adecuado, evidenciando que administración Castro no dotó a institución policial pese a implementar estado de excepción como herramienta central de política de seguridad.
El funcionario señaló que «este país tiene múltiples problemas» porque la «clase política no se pone de acuerdo» para brindar mejor servicio en ámbito económico, educativo, salud y seguridad: «Nos negaron todo lo que pedimos para brindar mayor seguridad», arguyó, culpando a Congreso Nacional de privar a Policía de recursos que solicitó durante mandato de Castro.
Aguilar sostuvo que el estado de excepción ha sido «herramienta que les ayudó en su momento», lamentó que se introdujeron varias normativas jurídicas al Congreso Nacional pero que no fueron aprobadas: «Solo nos dieron ese estado de excepción que nos trajo una polémica enorme, pero presentamos cualquier cantidad de reformas en diferentes leyes, pero estaban enfrascados en lucha política y no les dieron esas herramientas para combatir delincuencia».
El director recordó que las reformas solicitadas fueron «interpretadas de diferentes maneras», señalando: «Nunca les ha interesado la seguridad del país», acusación directa contra clase política que según Aguilar utilizó estado de excepción como bandera propagandística sin aprobar marco legal complementario que permitiera a Policía operar con garantías jurídicas adecuadas.
Aguilar indicó a la nueva cúpula policial que llegará a relevarlos bajo gobierno de Asfura debe «buscar la forma» de que se les den garantías y formas jurídicas para hacer mejor trabajo, trasladando responsabilidad de condiciones precarias a próxima administración que asumirá el 27 de enero y heredará institución policial desfinanciada y sin equipamiento.
El funcionario hizo llamado a respetar la ley: «Se registran tomas en varios sectores se debe aplicar la ley, no podemos permitir obstaculicen libre circulación y solo aplicaremos la ley», advirtiendo sobre protestas que podrían ejecutar sectores afines al oficialismo en días previos o posteriores a transición de poder.
«Si yo no cumplo lo que dice la ley estoy cometiendo delito por omisión, todo el que esté haciendo acto vandálico será capturado, las protestas serán desalojadas si se sobrepasan la ley», apuntó Aguilar, estableciendo advertencia sobre aplicación de ley contra manifestaciones ilegales en contexto de transición gubernamental donde Jorge Aldana amenazó con insurrección si no se cuentan votos.
Las declaraciones durante actividades del 144 aniversario de la Policía Nacional evidencian frustración de cúpula institucional con gobierno de Castro que implementó estado de excepción sin aprobar reformas legales solicitadas, dejó institución sin equipamiento básico (armas, uniformes, camas) y permitió corrupción en licitaciones donde «nadie aplicaba» por «intereses mezquinos».
La acusación de que entidades usaron Policía para «obtener fondos» mediante «juego sucio» sugiere que instituciones o funcionarios desviaron recursos asignados presupuestariamente a seguridad, aprovechando estado de excepción para justificar gastos que no se materializaron en equipamiento policial ni mejoras operativas concretas.
La denuncia de que Congreso estaba «enfrascado en lucha política» y no aprobó reformas contrasta con prioridades del oficialismo que sí aprobó decreto 58-2025 para desconocer resultados electorales pero rechazó legislación que habría dado herramientas legales a Policía para combatir delincuencia organizada más allá de estado de excepción.
El mensaje a nueva cúpula de buscar «garantías y formas jurídicas» representa reconocimiento de que estado de excepción solo fue solución parcial que generó «polémica enorme» sin resolver problemas estructurales de financiamiento, equipamiento y marco legal que permita a Policía operar efectivamente contra criminalidad organizada que administración Castro alegó combatir exitosamente.
