Tegucigalpa, Honduras. – La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, calificó la elección del abogado Dagoberto Aspra como nuevo Procurador General como una «apertura histórica», destacando la trayectoria del funcionario que fue jefe de la unidad de investigación del CNA precisamente cuando ella asumió la dirección del organismo anticorrupción, generando expectativas sobre continuidad de enfoque técnico en la defensa de intereses del Estado.
A través de su cuenta de red social «X», Castellanos posteó que debe haber unidad para que la nueva gestión en la Procuraduría General de la República (PGR) sea «sinónimo de transparencia», «recuperación de lo perdido» y «defensa inquebrantable» del Estado hondureño, estableciendo estándares elevados para el desempeño de Aspra y el subprocurador José Francisco Quiroz elegidos este lunes por el Congreso Nacional.
La directora del CNA sostuvo que «¡El futuro lo construimos vigilando y exigiendo!», marcando el tono de fiscalización ciudadana que el organismo anticorrupción mantendrá sobre la gestión de Aspra pese a la conexión profesional previa, evidenciando que el respaldo no implica complacencia sino expectativa de resultados medibles en transparencia y defensa efectiva del patrimonio público.
La conexión entre Castellanos y Aspra cuando este fue jefe de la unidad de investigación del CNA genera tanto expectativas positivas sobre su conocimiento de mecanismos anticorrupción, como interrogantes sobre si existirá la independencia necesaria para que el organismo fiscalice efectivamente a la Procuraduría sin conflictos derivados de relaciones profesionales previas.
El Congreso Nacional eligió este lunes a Aspra y José Francisco Quiroz como procurador general y subprocurador respectivamente con más de 90 votos del cogobierno PN-PL, superando la oposición de Libre que cuestionó no haber tenido acceso a hojas de vida de los nominados argumentando «oposición constructiva» por desconocer currículos.
El concepto de «apertura histórica» que Castellanos utiliza sugiere que la designación de Aspra representa una ruptura con prácticas anteriores en la Procuraduría, aunque no especifica si se refiere al perfil técnico del funcionario, su experiencia en investigación anticorrupción, o su independencia frente a intereses político-partidarios que históricamente han comprometido la institución.
El llamado a la «recuperación de lo perdido» alude implícitamente a los miles de millones que el Estado ha perdido en litigios internacionales, demandas por contratos irregulares, y casos de corrupción donde la Procuraduría no logró defender efectivamente el patrimonio público, estableciendo una meta ambiciosa de revertir esta tendencia mediante defensa jurídica más efectiva.
La «defensa inquebrantable» del Estado que Castellanos demanda contrasta con cuestionamientos históricos sobre la Procuraduría como institución reactiva que responde a demandas más que proactiva investigando irregularidades y promoviendo acciones para recuperar recursos desviados mediante corrupción o contratos lesivos al interés público.
El diputado Rafael Sarmiento de Libre había defendido la gestión del procurador saliente Manuel Díaz Galeas destacando su labor ante 18 demandas internacionales por 17,800 millones de dólares, estableciendo una vara alta para Aspra que deberá gestionar este portafolio litigioso heredado además de nuevos casos que surjan durante su mandato hasta 2030.
El jefe de bancada liberal Jorge Cálix cuestionó que la elección de Díaz Galeas fue ilegal porque se escogió «sin los votos necesarios» y sin cumplir requisito de ser notario, generando expectativa sobre si Aspra cumple todos los requisitos legales establecidos en la Ley Orgánica de la Procuraduría para ocupar el cargo sin cuestionamientos de legitimidad.
La diputada Maritza Julin del Pinu-SD había señalado que las nuevas autoridades de la PGR deben basar su gestión en idoneidad profesional y ética, garantizar defensa técnica e independiente del «compadrazgo político», expectativas que Castellanos refuerza con su llamado a «vigilar y exigir» resultados concretos.
La experiencia de Aspra como jefe de unidad de investigación del CNA le otorga conocimiento de mecanismos de auditoría, fiscalización y detección de irregularidades que podrían fortalecer la capacidad de la Procuraduría de identificar casos donde el Estado debe ejercer acciones legales para recuperar recursos o sancionar responsables de daños al patrimonio público.
El mandato de Aspra y Quiroz se extenderá hasta 2 de febrero de 2030, cubriendo todo el período gubernamental de Nasry Asfura y requiriendo capacidad de mantener independencia frente a presiones del Ejecutivo cuando los intereses del Estado entren en conflicto con decisiones o políticas gubernamentales que puedan comprometer el patrimonio público.
La «apertura histórica» que Castellanos proclama será puesta a prueba cuando la Procuraduría deba decidir si investiga y acciona contra funcionarios del gobierno actual en casos de posible corrupción o irregularidades, considerando que históricamente la institución ha sido percibida como subordinada al poder político dominante más que como defensora autónoma del interés público.
