Tegucigalpa, Honduras – Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), ha expresado su preocupación por el uso excesivo de recursos de seguridad destinados a la protección de funcionarios del Estado, en detrimento de la seguridad ciudadana general.
Ayestas criticó la asignación desproporcionada de efectivos policiales y militares para este fin, señalando un posible abuso de poder en la administración de estos recursos.
“Esto se torna un problema porque estos funcionarios deberían proporcionar esa seguridad a la población”, afirmó Ayestas, quien también mencionó que, si bien la ley prevé seguridad para aquellos funcionarios que enfrentan un riesgo extraordinario, es imperativo que tal asignación se base en un análisis de riesgo riguroso por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado.
La directora del Observatorio de la Violencia también señaló una paradoja en el comportamiento de los políticos hondureños, quienes frecuentemente critican estos abusos cuando están fuera del poder, pero hacen uso excesivo de la protección policial y militar una vez en el gobierno.
Este derroche de protección no solo caracteriza a la administración actual, sino que ha sido una constante en gobiernos anteriores, creando un contraste marcado con la escasa seguridad disponible para el ciudadano promedio.
“La mayoría de los funcionarios quieren andar con protección pagada por el Estado, y se acostumbran a privilegios como que les carguen sus maletas o les abran las puertas, siendo tratados de manera preferencial”, explicó Ayestas.
Esta situación plantea interrogantes sobre la equidad y la eficiencia en el uso de los recursos de seguridad pública en Honduras, en un contexto donde la violencia y la inseguridad siguen siendo desafíos significativos para la sociedad en general.
