Tegucigalpa – El dirigente garífuna Humberto Castillo advirtió este martes que varias comunidades del caribe hondureño están en riesgo de quedar inundadas con las recientes lluvias, denunciando que las autoridades no han realizado ninguna reparación a la infraestructura dañada durante la temporada lluviosa de 2024.
Castillo recordó que con las lluvias del año pasado, la comunidad de Iriona, en el departamento de Colón, quedó totalmente aislada después de que el puente cediera por las precipitaciones. La misma situación se vivió en las comunidades de Gracias a Dios, donde ni por agua ni por aire había acceso, igual que otras comunidades de Atlántida. «En este año, todo está en la misma situación, no hubo ninguna reparación», reclamó el dirigente al denunciar el mal estado de la vía de acceso a Iriona.
Iriona, considerado el centro de la cultura garífuna, es uno de los pocos municipios de Honduras que no cuenta con energía eléctrica y donde aún sobrevive la lengua garífuna. Esta ubicación geográfica estratégica lo convierte en un punto neurálgico para las comunidades afrodescendientes, pero también lo hace especialmente vulnerable a los fenómenos climáticos extremos.
Ante la indiferencia de las autoridades gubernamentales, el dirigente garífuna lamentó que «lo que nos queda es buscar de alguna forma la capacidad de resiliencia que tenemos los garífunas para que solidariamente nos protejamos para que nuestros cayucos se reparen y que en Cortés recomendamos que las lanchas estén en buenas condiciones para que Bajamar, Travesía se puedan proteger, o Río Tinto y todas esas zonas nuestras».
Las comunidades garífunas están distribuidas en 54 asentamientos ubicados en seis departamentos del litoral atlántico de Honduras: Colón, Gracias a Dios, Cortés, Islas de la Bahía, Atlántida y Francisco Morazán. Su entorno marino-costero las hace particularmente susceptibles a inundaciones, huracanes y otros eventos climáticos extremos.
Castillo explicó que estas comunidades dependen fundamentalmente del turismo para su sustento económico, por lo que cuando quedan incomunicadas pierden esta fuente de ingresos y no les queda otra alternativa que depender de las remesas que envían sus familiares desde el extranjero. Según datos de organizaciones comunitarias, aproximadamente 100,000 garífunas hondureños residen en Estados Unidos, contribuyendo significativamente a la subsistencia de sus comunidades de origen.
El dirigente comunitario ha venido denunciando de manera constante la vulnerabilidad de las poblaciones garífunas ante los desastres naturales. En 2024, la tormenta tropical Sara dejó más de 140,000 afectados y unas 2,300 comunidades incomunicadas por inundaciones, crecida de ríos, destrucción de puentes y daños en tramos carreteros, afectando particularmente a las zonas donde se asientan las comunidades afrodescendientes.
La situación de las comunidades garífunas se enmarca en un contexto más amplio de vulnerabilidad climática que enfrenta Honduras. Según el Informe de Riesgos Globales 2025 del Foro Económico Mundial, el país estará expuesto durante este año a eventos climáticos extremos, incluyendo inundaciones y olas de calor, que expondrán la fragilidad de las infraestructuras nacionales.
Las declaraciones de Castillo evidencian una problemática recurrente en las comunidades garífunas, que históricamente han enfrentado desafíos relacionados con el acceso limitado a servicios básicos, discriminación estructural y conflictos territoriales. La UNESCO reconoció en 2001 la música, danza y lengua garífuna como patrimonio intangible de la humanidad, destacando la importancia cultural de este pueblo que llegó a Honduras hace 226 años.
El llamado del dirigente garífuna pone de manifiesto la necesidad urgente de que las autoridades gubernamentales implementen medidas preventivas y de mitigación para proteger a estas comunidades vulnerables, especialmente considerando que el 90% de los asentamientos garífunas se encuentran en riesgo por inundaciones según estudios especializados.
La denuncia de Humberto Castillo se suma a las continuas demandas de mayor atención gubernamental hacia las poblaciones afrodescendientes, que requieren inversión en infraestructura, servicios básicos y medidas de adaptación al cambio climático para garantizar su supervivencia y preservación cultural en el territorio hondureño.
