Tegucigalpa – El decreto especial propuesto en el Congreso Nacional que modifica los sistemas de transmisión y validación de resultados electorales ha generado tensiones en Honduras, especialmente en el contexto de las próximas elecciones primarias de marzo de 2025.
La consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, subraya que debe ser el CNE quien dicte las normas sobre la implementación de sistemas electorales, desafiando así la propuesta legislativa que incluye un acta digital para prevenir fraudes.
Polémica por Decreto Electoral
El artículo 3 del controvertido decreto especial actualmente bajo discusión en el Congreso Nacional de Honduras establece claramente: «Para asegurar la integridad de los procesos electorales del año 2025, garantizar el respeto de la voluntad del pueblo hondureño y prevenir todo tipo de fraudes o inconsistencias electorales, el presupuesto especial aprobado en este decreto debe garantizar:».
- La implementación de un sistema de validación mediante identificación biométrica, ya sea por huella dactilar o, en su defecto, mediante identificación facial, para todas las Juntas Receptoras de Votos. El Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá realizar los ajustes técnicos necesarios para garantizar que los electores no puedan votar en más de un partido político ni en más de una Junta Receptora de Votos, en las elecciones primarias y generales, según corresponda.
- La implementación del Sistema de Transmisión y Divulgación de Resultados Electorales Preliminares (TREP) en los tres niveles electivos, enviando tanto las imágenes escaneadas de las actas de cierre firmadas por los miembros de las juntas receptoras de votos como los datos de estas.
- Tanto la biometría como el sistema de transmisión aplican para todos los partidos políticos participantes en las Elecciones Primarias y Generales del año 2025.
Este artículo ha generado un amplio debate sobre su implicación en la autonomía del Consejo Nacional Electoral (CNE) y su capacidad de conducir elecciones libres y justas, suscitando preocupaciones sobre la intromisión del poder legislativo en funciones que tradicionalmente corresponden al ente electoral.
La controversia se intensifica con la intervención del consejero suplente del CNE, Germán Lobo, quien critica la inclusión de directivas específicas en el decreto sobre la administración del proceso electoral como una violación de la autonomía del CNE y de las normativas constitucionales y electorales existentes.
Este debate se da en el marco de la aprobación del proyecto de presupuesto electoral de 1,492 millones de lempiras presentado por el CNE, que busca financiar adecuadamente los procesos electorales y asegurar su integridad.
Con oposición en el Congreso, especialmente de bancadas que defienden la independencia del CNE, la situación plantea un choque institucional sobre la influencia legislativa en los procedimientos electorales.
El exmagistrado Augusto Aguilar señala que cualquier ajuste en la normativa electoral debería realizarse mediante una reforma de la ley con mayoría calificada, respetando la legislación vigente que ya establece los procedimientos electorales.
La urgencia de aprobar el presupuesto electoral se hace sentir, ya que el CNE necesita prepararse para las elecciones, con una convocatoria para las primarias programada para el próximo 8 de septiembre.
