Tegucigalpa, Honduras.— Desde que Nasry Asfura asumió la presidencia y Tomás Zambrano tomó la dirección del Congreso Nacional, a finales de enero de 2026, una figura clave de la política hondureña se ha desvanecido de los reflectores: Luis Redondo, expresidente del Legislativo y protagonista involuntario del caso «Chequesol».
Mientras otros exfuncionarios del gobierno de Xiomara Castro mantienen presencia en medios y redes sociales, Redondo ha optado por el silencio público, una estrategia que ahora genera más preguntas que respuestas.
Su nombre volvió a sonar con fuerza en los últimos días, junto al de Carlos Zelaya, exsecretario del Congreso, después de que un juez los citara para comparecer como testigos en la audiencia inicial del caso que investiga presuntas irregularidades en el manejo de fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
La cita era para este jueves 12 de marzo, pero ninguno de los dos respondió a las llamadas o mensajes para confirmar su asistencia.
La situación de Zelaya tomó un rumbo distinto: el exdiputado remitió una nota médica que certifica que padece cáncer de pulmón con metástasis grado 4 y que recibe tratamiento en el Instituto Nacional de Cancerología de México.
Con ese documento en mano, la defensa solicitó que se le eximiera de declarar, una petición que el tribunal deberá resolver. Pero con Redondo, la incógnita persiste: ¿dónde está?
Hasta ahora, solo se le ha visto activo en la red social «X», donde su última publicación fue un mensaje para felicitar a las mujeres en el Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo. Nada más. Ni declaraciones, ni apariciones públicas, ni pronunciamientos sobre el proceso judicial que lo involucra. Esta discreción ha alimentado especulaciones sobre su paradero.
Cabe recordar que Redondo posee ciudadanía española, lo que ha llevado a algunos a presumir que podría estar en esa nación europea. Además, enfrenta una demanda en Estados Unidos por supuesto incumplimiento de manutención de una hija que tuvo con una hondureña, un caso que lo ha expuesto mediáticamente en el pasado y que añade otra capa de complejidad a su situación actual.
El caso «Chequesol», por su parte, involucra a una docena de personas por el presunto uso de dinero público para la campaña electoral del Partido Libertad y Refundación (Libre) en el departamento de Copán.
Entre los implicados figuran la diputada suspendida Isis Cuéllar y el exministro de Desarrollo Social, José Carlos Cardona, quien ha señalado que la acusación en su contra es de naturaleza política y ha invitado públicamente a Redondo y Zelaya a declarar para «desvirtuar cualquier cuestionamiento».
Ante la falta de respuesta de ambos exlegisladores, el juez a cargo del caso ordenó la publicación de edictos judiciales para localizarlos y garantizar su comparecencia.
Este mecanismo legal busca suplir la citación directa cuando no es posible contactar a la persona interesada, y representa un paso formal para que el proceso continúe sin dilaciones.
Ahora, la expectativa está puesta en el jueves 12 de marzo: ¿comparecerá Redondo ante el Tribunal de Sentencia para declarar como testigo? ¿O el juez deberá tomar medidas adicionales para asegurar su presencia? Mientras tanto, el silencio del expresidente del Congreso sigue siendo el protagonista de esta historia, un recordatorio de que, en el mundo de la política y la justicia, a veces lo que no se dice habla más fuerte que las palabras.
