Miedo, desconcierto e impotencia son sentimientos que han predominado durante el último año en las consultas de obstetras y ginecólogos en muchos lugares de Estados Unidos por las leyes que han restringido el acceso al aborto, que afectan a los profesionales de la salud que atienden a mujeres.
Después de que el Tribunal Supremo del país acabara el 24 de junio de 2022 con la protección del aborto a nivel federal, han surgido numerosas leyes estatales que lo prohíben y amenazan a los médicos con duras penas como la cárcel o la retirada de la licencia para trabajar.
“Como médico, tengo las manos atadas. Cuando estoy interactuando con un paciente, no estoy diciendo cuál es la mejor atención médica, sino que tengo que preguntar qué creen mis legisladores que está bien“, cuenta a EFE en una entrevista Amna Dermish, ginecóloga obstetra.
Trabaja para la organización Planned Parenthood, el mayor proveedor de servicios reproductivos del país, y durante los últimos meses ha experimentado dos consecuencias que han traído las restricciones: “el deterioro de la salud de las mujeres” y el cambio radical de su propio trabajo.
Al hacer un tour por las instalaciones de la clínica de Austin (Texas) en la que tiene lugar esta entrevista, Dermish se detiene delante de la puerta de una de las salas: “Hoy la usamos de almacén, a la espera de encontrarle otra utilidad“. Era la consulta en la que se practicaban los abortos.
Hoy lo máximo que puede hacer es brindar a las mujeres orientación sobre cómo viajar fuera del estado. “Después de la sentencia Dobbs (que tumbó la “Roe contra Wade”), mi capacidad para brindar atención directa desapareció por completo“, explica. Son varias las veces que la doctora llora durante esta charla.
La vida de Dermish cambió mucho antes de la decisión del Supremo, pues Texas, con su gobernador, el republicano Greg Abbott, a la cabeza, fue un estado pionero en el retroceso del derecho al aborto.
Meses antes del fallo de la máxima entidad judicial de EE.UU., el 1 de septiembre de 2021 entró en vigor en Texas la “Ley de latido del corazón“, que prohíbe el aborto si se detecta actividad cardíaca en el feto, algo que sucede a las seis semanas de gestación, cuando muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas.
Esta ley estatal, que intentaron tumbar sin éxito distintas instancias, fue el ejemplo que muchos estados usaron para crear sus propias normas.
Entre otros aspectos, la norma texana autoriza a cualquier ciudadano a denunciar a quienes hayan ayudado a una mujer a abortar, por lo que los médicos son vulnerables a cualquier demanda privada y pueden enfrentar incluso penas de cárcel.
Según la doctora Kristyn Brandi, portavoz del American College of Obstetricians and Gynecologists, lo más difícil estos meses ha sido entender qué es lo que se puede hacer porque “las reglas pueden cambiar todos los días” y “es realmente confuso y caótico brindar atención“.
Ella ejerce en Nueva Jersey, un estado que ha protegido el derecho al aborto, pero incluso allí recibe preguntas de las pacientes sobre si la atención que necesitan es legal, “porque ven cosas en las noticias y es muy confuso“.
Los médicos, explica a EFE, han tenido que “contratar abogados” que estén disponibles las 24 horas al día por si necesitan asesoramiento.
“Imagina si hay una emergencia, es realmente perturbador tener que parar todo y llamar a un abogado para saber si se está dentro de las reglas“, afirma.
Para la doctora Dermish, lo más duro de esta situación es tener que mirar a una paciente a la cara y decirle que no puede hacer nada por ella.
“El momento de hacer el ultrasonido, ver la actividad cardíaca y saber que voy a decirles que tengo que rechazarlas es devastador y todavía no puedo superarlo“, relata.
En Texas no hay ninguna excepción al aborto, salvo cuando la vida de la madre está en riesgo. El problema llega a la hora de valorar ese riesgo.
En un informe elaborado con testimonios de médicos, la organización Advancing New Standards in Reproductive Health denuncia que muchos sanitarios no pueden atender correctamente a sus pacientes en situaciones como cuando se produce una rotura prematura de membranas.
Uno de los testimonios que se recogen es el de un médico, cuya paciente rompió aguas entre las 16-18 semanas de gestación -cuando el feto no es viable- y tuvo que mandarla a casa. Desarrolló una infección grave y acabó internada en la unidad de cuidados intensivos.
Antes de Dobbs, a las pacientes se les ofrecía abortar o la inducción al parto. Ahora la receta es irse a casa y esperar a tener una infección grave.
“La gente se presenta sangrando en las salas de emergencia y en los hospitales les dicen que mientras haya un latido fetal no pueden hacer nada por ellas. Es apocalíptico“, denuncia Dermish, más segura hoy que nunca de que su especialidad, la de médico abortista, no será muy popular, pero sí es absolutamente necesaria.
