Tegucigalpa, Honduras.— En un país donde el salario mínimo promedio apenas alcanza los 10 mil lempiras, resulta ofensivo que instituciones como el Banco Central de Honduras o la Comisión Nacional de Banca y Seguros paguen «mega sueldos» a ciertos funcionarios.
Esta fue la reflexión contundente que compartió Dante Mossi, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), al referirse a la urgente negociación salarial que debe definir el ingreso de los trabajadores hondureños para 2026.
El economista fue claro: aprobar un aumento del salario mínimo igual al 5 %, que fue la inflación oficial del año pasado, «es una ofensa para los trabajadores».
La clase trabajadora, explicó, se enfrenta a un alza de costos que comenzó desde inicios de este año, impulsada no solo por decisiones locales sino también por factores externos que presionan la economía familiar. Por ello, Mossi estimó que el incremento debe ubicarse por encima del nivel inflacionario, lo suficiente para permitir a las personas suplir lo esencial.
Pero la propuesta no se queda solo en el aumento. Mossi pidió que el gobierno baje esos «mega sueldos» que paga a ciertos altos funcionarios del Ejecutivo, como un gesto de coherencia y solidaridad en un momento donde cada lempira cuenta.
«El tema del combustible es algo serio que va a causar repercusiones», advirtió, al señalar que el monto del subsidio actual es muy poco y que el Estado pudiera hacer mucho más para amortiguar el impacto en los hogares.
El diálogo, insistió, debe ser comprensivo y realista. Mossi reflexionó que el empresariado necesita pensar en un nuevo modelo para fijar el salario mínimo, reconociendo que las empresas muy pequeñas no operan con las mismas condiciones que las grandes corporaciones.
Por eso, llamó a no «flamear la bandera» de aumentos desmedidos, como un 20 %, porque también podrían afectar la sostenibilidad de las compañías hondureñas.
El exfuncionario internacional hizo un llamado al gobierno para que no sea «sólo un espectador» en esta negociación. Al contrario, debe aportar más elementos de juicio y medidas concretas que ayuden a «desinflar las expectativas» de la economía con acciones que se traduzcan en beneficio real para la sociedad.
La conciencia de todos los sectores, concluyó, será clave para lograr un acuerdo justo: un salario mínimo que dignifique sin ahogar, y una administración pública que dé el ejemplo con sueldos razonables en tiempos de apremio social.
