Deben dar su veredicto sobre once preguntas. Según el gobierno, su aprobación es vital para el combate al narcoterrorismo y el fomento de las inversiones.
Por Infobae
Este domingo será la tercera vez en poco más de un año que los ecuatorianos acudirán a las urnas a votar por una consulta popular. En febrero de 2023 ya lo hicieron con la impulsada por el expresidente Guillermo Lasso, que perdió aparatosamente, y en la consulta sobre dejar el petróleo bajo tierra en el Yasuní. Este domingo, 13 millones de electores deberán votar por once preguntas que, según el gobierno de Daniel Noboa, deben aprobarse para combatir a las bandas narcoterroristas y atraer inversiones. Los ecuatorianos en el exterior también podrán votar en los consultados salvo en Israel, México, Rusia, Bielorrusia y Nicaragua. Nuevamente, se preguntará a los ecuatorianos si están de acuerdo con la extradición de connacionales desde Ecuador, una pregunta que perdió con Guillermo Lasso pero que podría ganar con Noboa.
Hace una semana parecía que el Ejecutivo tenía casi asegurada la victoria en la consulta y referéndum, pues los sondeos de opinión ubicaban la popularidad de Daniel Noboa en el 70%. Los estudios sobre los plebiscitos en América Latina demuestran que los resultados de dichas consultas están vinculadas al nivel de apoyo del convocante, generalmente los gobernantes, salvo en Uruguay donde las consultas son convocadas por la ciudadanía. En ese contexto, esta era la primera prueba de fuego para Noboa, que piensa elegirse en un periodo completo en 2025.
De no ganar, podría no obtener el respaldo necesario para las elecciones generales del siguiente año y su carrera política podría terminar. Sin embargo, dentro del gobierno son optimistas, pues apenas asumió el cargo, los voceros han hablado de la reelección. Incluso la primera dama, Lavinia Valbonesi, que fue pieza clave en su campaña y que ahora se dedica a la actividad social, dijo a NTN24 en una entrevista que ella ve a su esposo unos 10 años en el poder.
Violencia, crisis energética y sabotaje
El optimismo del gobierno decayó la última semana cuando los sucesos violentos y la crisis energética recrudecieron. Desde el domingo 14 varias ciudades reportaron apagones no programados. Un día después, el gobierno admitió que las desconexiones se han generado por varios factores, entre ellos que Colombia ha restringido la venta de energía a Ecuador. En cuanto estalló el tema de los apagones, Daniel Noboa le pidió la renuncia a su entonces ministra de Energía, Andrea Arrobo, que apenas unos días antes hizo una gira de medios anunciando que no habría apagones.
El presidente Noboa advirtió que la crisis se desató por un presunto sabotaje en las centrales hidroeléctricas del país. En los eventos a los que ha acudido esta semana no ha dejado de repetir que sus opositores se vieron perdidos en la consulta popular e iniciaron una campaña a pocos días para perjudicarlo a él y a todo el país. La teoría del sabotaje no se quedó en declaraciones, sino que fue denunciada ante la Fiscalía, entre los investigados está la ex ministra Arrobo y otros 22 funcionarios de ese ministerio, pues habrían escondido información fundamental sobre el sector energético. Al mismo tiempo, Noboa decretó dos días de descanso obligatorio en todo el país para dar mantenimiento a las centrales hidroeléctricas, algunas de las más importantes como Mazar, Paute y la Coca Codo Sinclair operan en 0%, 4% y 40% de su capacidad.
El viernes 19, para mover la agenda mediática a otros temas, con el inicio de la ley seca y a horas de iniciada la veda electoral, la Presidencia reveló la lista de los líderes narcocriminales que son considerados objetivos militares.
Esta misma semana, la violencia también conmocionó al país. El asesinato a un conductor de bus perpetrado por tres delincuentes, dos de ellos entre 14 y 15 años, llevó al debate cuán eficiente ha sido la estrategia de seguridad de Noboa, que desde el 9 de enero mantiene a los militares desplegados en las calles y cárceles bajo el argumento de que Ecuador vive un conflicto armado interno. Asimismo, en estos últimos días dos alcaldes fueron acribillados, aparentemente por bandas narcocriminales, que operan en minas ilegales.
En todo caso, la reducción de las muertes violentas, según los datos de la Policía ronda alrededor del 18%. Sin embargo, las extorsiones y secuestros han incrementado. En Guayaquil, la ciudad portuaria considerada el hub del tráfico de drogas a mercados internacionales, registró entre el 1 de enero y el 7 de marzo 618 secuestros y extorsiones, casi cinco veces más que en 2023.
A este escenario se suma la condena internacional por la irrupción de las fuerzas policiales, el pasado 5 de abril, en la Embajada de México en Quito para capturar al ex vicepresidente sentenciado e investigado por corrupción, Jorge Glas. El acto no ha tenido mayor trascendencia en el grueso de la ciudadanía ecuatoriana y más bien ha sido sumamente debatido en el llamado círculo rojo, que incluye a periodistas, actores de opinión y políticos que no suman más del 10% del padrón electoral. Por esta razón, en su más reciente entrevista Noboa dijo no arrepentirse de la incursión: “Era mi responsabilidad. Si Glas hubiera escapado usando vehículos de la embajada y aviones del gobierno mexicano, entonces habría lucido demasiado débil para todos. Ahora que atrapé al tipo, soy demasiado fuerte. Así que es un poco difícil complacer a todos, pero la gran mayoría de la gente en Ecuador está contenta con mi decisión”, aseguró el presidente ecuatoriano que explicó que no quiere ser un mandatario de “mano dura” sino un Jefe de Estado “justo”. Sin embargo, en sus declaraciones en uno de los eventos a los que asistió dijo que la oposición incluso a querido dañarlo con condenas internacionales por defender la soberanía del país.
Las preguntas más debatidas
La elección de este domingo tiene once preguntas y dos opciones: sí y no. De esas preguntas seis corresponden a la consulta popular, que no tiene carácter vinculante, y cinco al referéndum que implica reformas legales y constitucionales. De las once preguntas ocho abordan temas securitistas como la extradición de connacionales desde Ecuador, el apoyo de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, el incremento de penas para delitos como el narcotráfico, el lavado de activos y otros, así como el porte de armas o la presencia permanente de los militares en las prisiones, entre otras.
Varias de estas preguntas, como la extradición, ya fueron consultadas por Guillermo Lasso, quien perdió en las ocho interrogantes que planteó.
Además de las preguntas vinculadas con temas de seguridad y justicia también existen otras como la reforma al Código del Trabajo para incluir el trabajo por horas, que según el gobierno respetará todos los derechos laborales del trabajador incluido el seguro social y las horas extraordinarias y suplementarias. También se consultará sobre reconocer el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales. Esta pregunta es apoyada por el sector empresarial pues asegura que brindará seguridad jurídica a los inversores. La otra pregunta se refiere a que el Estado pase a ser el propietario de aquellos bienes de origen ilícito.
A diferencia de lo sucedido con la consulta de Lasso, cuyo eje central del debate era la extradición, con Noboa las preguntas que han sido utilizadas por sus detractores son las relacionadas con el trabajo por horas y el arbitraje internacional.
El último reporte de Transparent Reputation Consulting sobre la consulta popular recogió dos encuestas de las empresas Comunicaliza y Maluk Research. En ambas las mayorías de las preguntas obtienen un Sí con un promedio del 60% de apoyo. Sin embargo las preguntas sobre el contrato por horas y el arbitraje internacional tienen resultados distintos. En la encuesta de Comunicaliza las preguntas ganan con el 48% y 49% (el resto del porcentaje se divide entre indecisos y opositores). Mientras que el sondeo de Maluk Research indica que esas dos interrogantes pierden pues solo obtienen el 41% y 36 %, respectivamente. Los sondeos son del 10 de abril, antes que se desatara la crisis energética y de los más recientes magnicidios.
Para resguardar los colegios electorales, además de la Policía, se han desplegado 39.000 miembros de las Fuerzas Armadas, además las misiones de observadores electorales, como la de la Organización de Estados Americanos, ya están en Quito. El Consejo Nacional Electoral ha tomado previsiones en caso de que existan apagones el domingo, aunque el gobierno ha asegurado que no habrá.
