Tegucigalpa – El exministro de Transparencia y exfiscal de la República, Edmundo Orellana, ha levantado voces de alerta frente a la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de validar el Decreto 04-2022, también conocido como el «Pacto de Impunidad».
Esta resolución, que establece amnistías a casos etiquetados como «políticamente motivados», presenta un complejo desafío para el sistema judicial hondureño, según Orellana.
Orellana argumenta que este tipo de amnistías no solo cuestiona la legitimidad de las acciones de los fiscales, sino que también coloca a los jueces en una posición comprometedora.
La preocupación radica en que, al conceder amnistías sin un análisis riguroso de los requisitos legales, se implica una responsabilidad sobre el fiscal encargado del caso, pudiendo señalar sus motivaciones como inapropiadamente políticas.
Este contexto surgió después de que la CSJ, en una votación de 10 a 5, confirmara la constitucionalidad del mencionado decreto en la noche del martes, desestimando así los recursos de inconstitucionalidad interpuestos.
La resolución ha sido objeto de crítica por parte de diversos sectores que la consideran una forma de protección para funcionarios previamente acusados de corrupción y otros crímenes.
Para Orellana, este fallo no solo afecta la percepción de imparcialidad y justicia del poder judicial, sino que también establece un preocupante precedente para el manejo futuro de casos similares, cuestionando la integridad de las decisiones fiscales y judiciales en Honduras.
