Tegucigalpa, Honduras. – El exfiscal general de la República, Edmundo Orellana Mercado, afirmó que se pueden revocar los nombramientos realizados por la administración de Xiomara Castro en los últimos días de su gestión, incluyendo el controversial nombramiento de la exministra de Salud, Carla Paredes, con salario de 105 mil lempiras que ha generado indignación en el sector médico.
Orellana respaldó esa aseveración mencionando que para asumir un cargo se necesita cumplir ciertos requisitos como «presentar declaración honrada de bienes» y algunos cargos requieren fianza, trámites que deben hacerse previo a la toma de posesión, permitiendo al nuevo gobierno evitar que una persona asuma el cargo si no ha completado estos procedimientos establecidos legalmente.
«Todos esos trámites tienen que hacerse previo a la toma de posesión, entonces perfectamente el nuevo gobierno puede evitar que una persona tome posesión del cargo porque hasta ese momento es que se ejerce de forma jurídica el cargo», explicó el también exministro de Transparencia, señalando el momento procesal crítico donde la revocación es viable.
El constitucionalista indicó que se puede revocar el nombramiento si todavía no ha presentado todos esos requisitos que establece la Ley, argumentando que mientras no se complete el proceso administrativo de ingreso al servicio público, la designación no surte efectos jurídicos plenos que impedirían su anulación.
Otros nombramientos de último momento que dejó el gobierno de Castro incluyen el de Sarahí Cerna en el Banco Central de Honduras (BCH) y Enrique Reina en el Fondo de Seguro de Depósitos (FOSEDE), ambos cuestionados por el sector empresarial por carecer de idoneidad técnica requerida para cargos especializados en instituciones financieras estratégicas.
El Cohep había expresado inconformidad con el nombramiento de Reina señalando que no cumple requisitos técnicos de la ley FOSEDE, mientras Cerna fue designada sin experiencia en sector económico-financiero cuando el BCH tradicionalmente requiere economistas o profesionales con formación especializada como directores del ente rector de política monetaria.
En cuanto a los aumentos de sueldo que según la designada presidencial María Antonieta Mejía varios funcionarios de Castro se «recetaron» en los últimos meses —incluyendo casos de salarios que pasaron de 25 mil a 70 mil lempiras— estos también pueden ser revocados porque según la Ley, los aumentos salariales se dan según requisitos específicos y «esos aumentos discrecionales no existen», afirmó Orellana categóricamente.
El nombramiento de Paredes como Médico General de Guardia en el Hospital San Lorenzo en el departamento de Valle incluye un salario de 105 mil 201 lempiras con 92 centavos, cifra que ha sido cuestionada por representar aproximadamente el doble del salario de médicos generales en hospitales públicos que típicamente oscila entre 40 y 60 mil lempiras mensuales.
Orellana señaló que este salario debe revisarse si corresponde pues «todo esto está debidamente escalafonado» en el sistema de la administración pública, sugiriendo que el monto de 105 mil lempiras podría exceder los rangos establecidos para la categoría de médico general de guardia según las escalas salariales vigentes.
El Colegio Médico denunció «abuso de poder» en el nombramiento de Paredes anunciando acciones legales, argumentando que la exministra utilizó su posición para auto-asignarse una plaza con salario desproporcionado mientras miles de médicos recién graduados no encuentran plazas en el sistema público de salud.
La designada presidencial Mejía reveló que la Caja Única fue dejada «vacía, escurrida y exprimida» por la administración Castro mediante aumentos salariales de última hora, dobles pagos, indemnizaciones no autorizadas y otras «pillerías» que comprometieron recursos del gobierno entrante, contexto que justificaría revocación de aumentos irregulares.
El argumento legal de Orellana se basa en que la toma de posesión formal de un cargo público requiere completar trámites administrativos previos incluyendo presentación de declaración jurada, firma de fianza cuando aplica, y cumplimiento de otros requisitos establecidos por ley, generando una ventana temporal donde el gobierno entrante puede intervenir antes de que el nombramiento surta plenos efectos.
La posibilidad de revocar nombramientos genera expectativa sobre si el gobierno de Asfura procederá efectivamente a anular las designaciones controversiales de último momento o si permitirá que se consoliden jurídicamente mediante la toma de posesión formal de los funcionarios nombrados por Castro en sus últimas horas como presidenta.
El Cohep había señalado que nombramientos como el de Reina en FOSEDE y Cerna en BCH fueron hechos «sin consultar sectores», poniendo en riesgo la estabilidad de instituciones estratégicas del sistema financiero que requieren perfiles técnicos especializados no necesariamente vinculados a lealtades político-partidarias del gobierno saliente.
La controversia sobre el salario de Paredes de 105 mil lempiras se amplifica considerando que la designada Mejía denunció que en el canal del Estado aparecen contratados más de mil 600 empleados que «no los encontramos» aunque están en planilla, evidenciando esquemas de empleos fantasma y salarios inflados que caracterizaron la gestión saliente.
