Tegucigalpa – El exFiscal General del Ministerio Público, Edmundo Orellana, ha planteado una interesante propuesta al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, en relación con la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público en Honduras.
Orellana recomienda que se aparte a los diputados investigados y en su lugar se coloquen a los suplentes para garantizar la mayoría calificada requerida para esta elección crucial.
Según Orellana, la falta de acuerdos políticos se debe a que algunos diputados con procesos judiciales pendientes en su contra están interesados en retrasar esta elección. Argumenta que la solución está en aplicar la Ley Orgánica del Congreso Nacional, que permite excluir a los diputados investigados de la votación y reemplazarlos con sus suplentes. De esta manera, se aseguraría la mayoría calificada necesaria para la elección del Fiscal General y el Fiscal Adjunto.
El exministro de Transparencia destaca que esta medida se aplicaría a diputados que están siendo investigados o procesados por el Ministerio Público y que tienen casos pendientes en los tribunales. Aclara que aquellos diputados con sentencias firmes, como Rasel Tomé y Edgardo Casaña, no estarían sujetos a esta exclusión, ya que no pueden ser procesados nuevamente por el mismo caso.
Orellana sugiere que sea el propio Ministerio Público quien elabore la lista de diputados que no podrían participar en la elección y que esta lista sea enviada al Congreso Nacional. De esta manera, se garantizaría la transparencia y la legalidad en el proceso de elección de las autoridades fiscales.
El exFiscal General enfatiza la importancia de abordar este tema de manera urgente, ya que está relacionado con la seguridad jurídica y la celeridad en el proceso de llevar casos penales pendientes a los tribunales.
Además, Orellana menciona que varios medios de comunicación también serán investigados por la CICIH debido a prácticas de intercambio de publicidad por impuestos que nunca se transmitieron en sus espacios. Destaca que esta problemática involucra a empresarios, la sociedad civil y periodistas, subrayando la necesidad de abordar de manera integral la corrupción en la sociedad hondureña.
