Tegucigalpa – La reforma educativa anunciada por el Secretario de Educación, Daniel Sponda, marca un punto de inflexión en el sistema de evaluación nacional. Esta nueva política establece una distribución equitativa del 50% para exámenes y 50% para actividades acumulativas, específicamente en materias teóricas, mientras mantiene flexibilidad para los centros técnicos especializados.
La iniciativa surge como respuesta a una preocupación persistente sobre el desempeño de los estudiantes en la educación superior.
Esponda señaló que, a pesar de haber logrado reducir los índices de reprobación en años anteriores, los estudiantes enfrentaban dificultades significativas al ingresar a la universidad, evidenciando brechas en la preparación académica.
«Esta modificación busca fomentar un aprendizaje más integral y sostenido», argumentó el funcionario, enfatizando que la medida pretende desarrollar tanto la capacidad de respuesta en situaciones de evaluación formal como la consistencia en el trabajo continuo.
Sin embargo, la reforma no ha estado exenta de controversia. Diversos actores del sistema educativo han expresado preocupaciones sobre el potencial impacto en la calidad de la enseñanza, generando un debate sobre la efectividad de este nuevo enfoque evaluativo.
Esta transformación en el sistema de evaluación representa uno de los cambios más significativos en la política educativa reciente, y su implementación será observada de cerca por educadores, estudiantes y expertos en el campo de la educación.
