Tegucigalpa – La Secretaría de Educación de Honduras ha ordenado la intervención inmediata del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (INTAE), una emblemática institución educativa pública, tras recibir múltiples denuncias contra sus actuales autoridades.
El viceministro de Educación, Edwin Hernández, confirmó esta decisión e informó que la comisión interventora comenzará sus labores a partir de este viernes 28 de febrero de 2025. Esta acción representa la segunda fase de un proceso que inició hace aproximadamente un mes con la conformación de una comisión investigadora.
«Hemos recopilado información que nos da ciertos indicios, pero falta que la comisión lo confirme a partir de sus diligencias a contar de este viernes», declaró Hernández, sugiriendo que los hallazgos preliminares justifican una intervención más profunda.
Entre las primeras medidas adoptadas destaca la suspensión inmediata de la directora del INTAE, con el propósito de evitar interferencias en las labores de investigación. El viceministro señaló que esta decisión busca garantizar la transparencia del proceso de intervención.
Según indicó Hernández, las denuncias contra la gestión actual no provienen de una única fuente, sino de «diversos actores» relacionados con la institución, lo que habría incrementado la preocupación de las autoridades educativas.
La comisión interventora tendrá la responsabilidad de confirmar o desvirtuar las acusaciones realizadas contra las autoridades del centro educativo, considerado un referente en la formación técnica-profesional en la capital hondureña.
El INTAE, con una larga trayectoria en la formación de profesionales técnicos en administración de empresas, es una de las instituciones de educación media más reconocidas del país, por lo que esta intervención ha generado particular interés en la comunidad educativa nacional.
Las autoridades no han detallado públicamente la naturaleza exacta de las denuncias, pero han asegurado que el proceso de intervención seguirá los protocolos establecidos para garantizar tanto el debido proceso como la continuidad de las actividades académicas.
