Tegucigalpa – La publicación del más reciente informe del Departamento de Estado bajo la Sección 353 ha generado una fuerte declaración del Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, quien estableció una conexión directa entre la corrupción institucional y los flujos migratorios en la región.
«Cuando las personas no pueden confiar en sus instituciones, buscan oportunidades en otros lugares», afirmó Nichols, subrayando el impacto social de la corrupción sistémica. El informe señala específicamente a tres ciudadanos hondureños por presuntos actos que comprometen la integridad institucional:
La magistrada Sonia Marlina Dubón, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, es señalada por presuntamente utilizar su posición para socavar el estado de derecho. Su designación cobra relevancia adicional por ser esposa del asesor presidencial Enrique Flores Lanza.
El ex secretario presidencial Ebal Jair Díaz Lupián enfrenta acusaciones de malversación de fondos destinados a damnificados por los huracanes Eta e Iota durante su gestión en el gobierno de Juan Orlando Hernández.
La abogada Lourdes Pamela Blanco Luque, esposa del actual ministro de Gobernación y Justicia, es señalada por presuntamente ejercer influencia indebida en funcionarios públicos aprovechando sus conexiones gubernamentales.
El informe representa un esfuerzo continuo de Estados Unidos por promover la transparencia y combatir la corrupción en Centroamérica, identificando a individuos que, según sus investigaciones, han comprometido la estabilidad democrática y el estado de derecho en la región.
